El Concejo Deliberante de La Plata retomó ayer el debate por el nuevo Código de Convivencia que, a instancias del intendente, Julio Garro, se propone actualizar el Código Contravencional vigente -desde 1985- en la ordenanza Nº 6.147. Para el oficialismo, se trata de uno de los temas prioritarios de la agenda legislativa (demorada por el impacto de la pandemia) y que buscará aprobar antes de que culmine el 2020.

La discusión, que el jefe comunal empezó a impulsar en el año 2017, volvió al seno del deliberativo local en el ámbito de la comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos que reunió a ediles y funcionarios municipales.

En ese marco, la presidenta de la comisión y concejal de Juntos por el Cambio, Romina Cayón, sostuvo que la modificación de la normativa es “una deuda con los vecinos, porque lleva más de 30 años de vigencia y han surgido nuevas figuras que no están contempladas [en la ordenanza actual] como la tenencia responsable de animales domésticos, el uso de la pirotecnia, el acoso callejero o el famoso último primer día [también conocido como UPD, el festejo por el que los alumnos que terminan el secundario pasan la víspera al inicio del ciclo lectivo en vela, como parte de una noche que suele incluir mucha pirotecnia, alcohol y, en ocasiones, daños al patrimonio de la Ciudad]”.

Para regular ese y otros tipos de festejos, el proyecto de marras establece sanciones y/o trabajo comunitario “para padres, tutores o guardadores de menores” que atenten contra el espacio público. Y, de un modo similar, también prevé reglamentar y hasta penalizar los piquetes callejeros.

La discusión de este punto, uno de los más polémicos del articulado, está prevista para el viernes 6 de noviembre, cuando tenga lugar la tercera de las siete comisiones semanales que delineó Cayón. El cronograma tiene reservado además otro encuentro -para el 20 de noviembre- que también promete encender el debate: es el que abordará la problemática de la venta ambulante y la histórica demanda de los vecinos del barrio El Mondongo por la reubicación de la “zona roja”.

El encuentro de ayer, que no fue más allá de la presentación general del texto, tuvo lugar después de un derrotero que incluyó tres meses de consultas barriales en las que, según detallaron en el Ejecutivo, los vecinos enumeraron el tránsito, el control de alimentos, la tracción a sangre, derecho animal y control ambiental como parte de sus preocupaciones.

“El espíritu del proyecto es preservar el espacio público como un patrimonio comunitario a través de tres ejes: el respeto social, el cuidado del medio ambiente y la salubridad pública”, defendió Cayón al término de la comisión que reunió también a la presidenta del cuerpo legislativo local, Ileana Cid (Juntos por el Cambio), a los ediles oficialistas Claudio Frangul, Carla Fernández, Darío Musto y Federico Moya; del Frente de Todos, Ana Herrán Castagneto, Yanina Lamberti y Guillermo Cara; y del GEN, Gastón Crespo.

En representación del Departamento Ejecutivo, en tanto, estuvieron la secretaria de Convivencia y Control Ciudadano, Virginia Pérez Cattaneo, y el Director de Asuntos Administrativos, Fernando Bdair.

“Es necesario hacer un cambio en el que la finalidad sea priorizar la convivencia”, valoró Bdair sobre la reglamentación que en otro de sus artículos endurece las sanciones por infracciones viales y violaciones a la Ley de nocturnidad.

A su turno, Pérez Cattaneo destacó por “ordenador” y “abarcativo” el proyecto que, destacó, “también pone al ciudadano al frente como responsable”.

Concretada la presentación de ayer, la comisión de Seguridad comenzará a discutir el articulado del nuevo Código de Convivencia el próximo viernes y así lo hará durante las seis semanas siguientes, en las que, además, se recogerán las modificaciones que propongan los concejales. Ya en diciembre, el debate seguiría su recorrido por las comisiones de Hacienda y Legislación, para finalmente concluir en el recinto, donde el oficialismo buscará poder aprobarlo antes de que termine el año.

“Esperamos contar con un debate maduro, integral, y que para fines de 2020 podamos votar la propuesta”, anticipó Cayón que es, además, la autora del proyecto oficialista que propone autorizar al Ejecutivo local a comprar 20 pistolas Taser para dotar con esas herramientas a los efectivos de las fuerzas policiales locales. Un debate que las comisiones de Seguridad y Hacienda tienen agendado para la semana entrante.