Lejos del acuerdo, las negociaciones entre la Provincia y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) sumaron ayer un nuevo capítulo de tensión. Es que, en medio del paro dispuesto por el gremio, el gobierno de Axel Kicillof ordenó la liquidación de una suba que el sindicato rechaza. Esto es “un 12% a partir del 1 de septiembre y un 2% adicional a partir del 1 de octubre, ambos porcentajes calculados sobre los haberes del mes de diciembre de 2019. De esta manera, el incremento acumulado en lo que va de 2020 alcanzaría el 21% y el 23%, respectivamente”, según detalló la AJB en un comunicado.
El aumento, explicó el texto gremial, ya fue instruido por la administración provincial a la Suprema Corte, una decisión que los trabajadores judiciales recibieron con “preocupación”, a la vez que repudiaron la orden “unilateral y en el marco de una negociación abierta [que otorga] un incremento salarial que ya había sido rechazado, [...] ignorando todas las reglas que consagra la normativa vigente en materia de derecho a la negociación colectiva”.
Para el titular de la AJB, Pablo Abramovich, se trata de una medida “autoritaria” que, lamentó, “han sostenido las últimas administraciones provinciales, y a la que la gestión de Kicillof ha decidido darle continuidad”, disparó, mientras exigió que el Ejecutivo bonaerense “retome el diálogo en forma urgente para discutir una propuesta que garantice que los salarios no continúen perdiendo la carrera contra la inflación”.
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