El predio de unas 200 hectáreas ubicado en Guernica, partido de Presidente Perón, que es desalojado hoy por orden judicial, había sido ocupado el 20 de julio pasado, por cerca de 2000 familias provenientes de diversos distritos bonaerenses.

Tras la denuncia ante la justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A., el juez de Garantías de La Plata, con asiento en Cañuelas, Martín Rizzo, postergó en dos oportunidades el desalojo, a pedido del Gobierno provincial que inició un proceso de diálogo con los ocupantes y logró el desalojo pacífico de la mayoría de ellos.

Finalmente, el juez Rizzo ordenó realizar el desalojo con fecha límite el 30 de octubre, plazo que se cumplía mañana.

En ese marco, el Gobierno provincial comenzó una serie de negociaciones con los ocupantes, e instaló cinco carpas interministeriales de las carteras de Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, de Gobierno, y de Mujeres, Políticas de Genero y Diversidad Sexual, para llevar a cabo la contención de quienes debían irse del lugar.

Así, unas 600 familias aceptaron retirarse del lugar, tras firmar un acuerdo con el gobierno, y a cambio recibieron dinero para abonar el alquiler de una futura vivienda y materiales de construcción para ampliar las que ya tenían.

También se habilitaron seis "centros de transición", dos de ellos establecimientos cerrados y otros cuatros abiertos.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad -junto con representantes de organizaciones de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo y organizaciones sociales de izquierda que apoyaban a los que aún estaban en los terrenos- realizó esta semana un último relevamiento para determinar el número de familias que deberían dejar el lugar y a los que se les procuró dar una solución a sus problemas habitacionales.

En la Mesa de Diálogo participaron, entre otras organizaciones, el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez, Fpds Corriente Nacional-Guernica, Barrios de Pie, Frente de Organización en Lucha (FOL), Frente Popular Darío Santillán, Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), La Víctor Choque, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Foro por la Niñez.

En un primer censo que se realizó y se entregó al juez de la causa, se detectó que, entre las personas que tomaron los terrenos, había desempleados que no podían afrontar un alquiler, y medio centenar de mujeres en situación de violencia de género.

Las familias que desalojaron la ocupación en forma pacífica firmaron un acta-acuerdo en la que se comprometieron a dejar los terrenos y el Gobierno provincial los ubicó en otros domicilios o les proveyó materiales de construcción para ampliar sus viviendas. A otros se los ayudó con el pago de alquiler, por lo que similar procedimiento se iba a realizar con las familias que todavía quedaban en el lugar si aceptaban retirarse pacíficamente.

Los terrenos reclamados por sus propietarios -unas 100 hectáreas- fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras que residían en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.

"Una vez ocurrida la desocupación de los lotes deberán restituirse en forma provisoria a los requirentes María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enríquez, Andrés Ríos y Gervasio Pérez Pesado en representación de la firma Bellaco S.A.", sostiene la resolución del juez Rizzo.