Reglamentada por el Gobierno bonaerense, rige desde mediados de agosto la ley que declara la emergencia sanitaria en los geriátricos de gestión pública y privada ubicados en la Provincia como consecuencia de la pandemia. La ley crea el Registro Complementario de Establecimientos Geriátricos de Gestión Pública y Privada y establece la cantidad de médicos, cocineros, enfermeros y personal de limpieza que podrán tener las residencias de baja y alta complejidad para personas mayores. La norma determina que se deberá iniciar “un proceso de empadronamiento, relevamiento y fiscalización complementario de los establecimientos regularizando de forma progresiva todos aquellos que no cuenten con habilitación vigente”. Asimismo, mientras dure el proceso, el Ministerio de Salud podrá permitir “el funcionamiento excepcional, precario y transitorio por un plazo que en ningún caso podrá superar el de la emergencia social, económica, productiva, y energética” aprobada por la Legislatura. Además, la cartera sanitaria “determinará el procedimiento a seguir para los casos en que el establecimiento no cumpla las condiciones mínimas de permanencia y deba procederse a su clausura definitiva, disponiendo, junto con los municipios, el traslado de los adultos mayores a otros establecimientos o residencias”.
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