La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) sostuvo ayer que la Iglesia católica “no avala las tomas” de tierra, dijo que “nada justifica la intrusión y la violencia a costa de la vida y los derechos de los demás” y planteó que “más que nunca se hace necesario un Estado presente que se haga responsable de políticas proactivas en materia de acceso a la vivienda y al trabajo digno”.

Así lo afirmó en un documento titulado ‘Del Señor es la tierra’, difundido por la comisión ejecutiva de la CEA, que encabeza el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea,

“En estos días de extrema vulnerabilidad para el cuerpo social que conformamos, se repite con dolorosa frecuencia la toma de tierras, un fenómeno conocido en la Argentina desde los orígenes mismos de nuestra historia”, comienza el texto, que indica que en las últimas décadas las ocupaciones “evidenciaron la precaria situación de tantas familias”.

En ese marco, las autoridades episcopales aclararon que “nada justifica la intrusión y la violencia a costa de la vida y los derechos de los demás”, y ratificaron: “La Iglesia no avala las tomas. Son ocasión de violencia y agitación social, muchas veces incentivadas”.

“Mucho menos aceptable es el oportunismo de quienes se aprovechan de la extrema necesidad de los más pobres para usarlos en función de sus propias ganancias y clientelismo político”, advierte el comunicado de la CEA.

Los obispos también expresaron su preocupación por “cualquier resolución de estos conflictos que naturalice la violencia y ponga en riesgo la vida de las personas”.

Para la Iglesia, “hoy más que nunca se hace necesario un Estado presente que se haga responsable de políticas proactivas en materia de acceso a la vivienda y al trabajo digno”.

“En estas horas dramáticas, en que los casos se replican, confiamos en que una diligente intervención de la justicia evitaría escaladas de violencia entre las partes”; dijeron y agregaron que, “con la autoridad de su mediación, se facilitaría el diálogo con las autoridades proponiendo posibles alternativas para las familias pobres que verdaderamente necesiten un lugar para vivir”.

También se mostraron conmovidos por “la cantidad de niños implicados”, y dijeron que “ellos esperan una respuesta seria y rápida de nosotros los adultos”.

“En el arte de la política, siempre necesario, los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, deben velar por la seguridad de todos los habitantes y trabajar con todas sus energías para desarmar las estrategias de aquellos que sacan ventaja de esta dolorosa situación”, concluye la declaración.

El texto es firmado, además de Ojea, por los vicepresidente 1°, cardenal Mario Aurelio Poli; y 2°, monseñor Marcelo Colombo; y por el secretario general monseñor Carlos Malfa, obispo de Chascomús.

El pronunciamiento de la Iglesia llega en momentos en que su silencio en torno de las tomas había generado cuestionamientos desde distintos sectores.

Incluso, esa cautela se leía como emparentada a las acciones que viene desarrollando Juan Grabois, el dirigente social cercano al Papa Francisco.

Ayer, en coincidencia con las decisiones judiciales de hacer cesar las tomas en Guernica y el campo de la familia Etchevehere, finalmente el Episcopado salió a condenar las usurpaciones.