Justicia, en la mira: reforma, Corte y traslados de jueces

En los últimos meses, en medio de una pandemia inédita, el Poder Judicial quedó en el foco de la escena política nacional, con una grieta cada vez más amplia entre el oficialismo y la oposición, entre fuertes cruces y polémicas que van desde la reforma judicial que impulsa el Gobierno con la creación de más fueros federales, el reclamo de tres jueces por sus desplazamientos que la Corte Suprema aceptó tratar, además de la ofensiva desde el kirchnerismo contra el Procurador de la Nación y, en las últimas horas con un pedido de juicio político al presidente del máximo tribunal.

En este marco, la Corte Suprema vuelve a estar en la mira de todos: oficialismo, oposición y una sociedad que la política supo dividir. Fue tras definir como “admisible” los “per saltum” presentados por tres jueces -Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli- que defienden su derecho constitucional -aseguran- de seguir con sus funciones en Comodoro Py y no ser trasladados a sus tribunales de origen, como ya lo decidió el Senado -con amplia mayoría oficialista y la oposición ausente-, y un decreto presidencial solo 24 horas después de la sanción de la Cámara alta, sin esperar una resolución de los planteos de los magistrados en la Justicia.

Ese paso lo tiene que dar ahora el máximo tribunal, con la decisión que tomen sus cinco ministros sobre la cuestión de fondo: si lo jueces fueron desplazados incorrectamente, o no, por el poder político (Ejecutivo-Legislativo) de los tribunales porteños, traslado que les otorgó un decreto el ex presidente Mauricio Macri.

El oficialismo cuestiona que esa decisión del anterior gobierno no pasó por el acuerdo del Senado. Mientras, la oposición sospecha y crítica que el interés del Frente de Todos es “sacar del camino” a tres jueces que trabajaban en causas de corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Dentro de esta encrucijada que se encuentra, dejan trascender que en la Corte le buscan una salida intermedia, escapándole a un conflicto de poderes con un fallo que le dé la razón total a los jueces y los otros dos poderes no acepte, o bien al rechazo de la oposición, y parte de la sociedad, que ya se manifestó con los “banderazos”, a una decisión contraria.

¿Cuál sería esa salida intermedia? Los mensajes que habrían llegado a funcionarios, a dirigentes de la oposición y, no descartan fuentes judiciales, hasta a los propios demandantes, se trataría de la continuidad de los jueces en los tribunales federales porteños pero temporariamente, hasta que se haga el concurso para reemplazarlos. Y de eso se tiene que hacer cargo el Consejo de la Magistratura y el Senado.

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Por lo pronto, los tres jueces se encuentran en una suerte de limbo ya que se suspendió la decisión del Senado hasta tanto el máximo tribunal defina la cuestión de fondo, pero sin volver ni a sus tribunales de origen ni de destino, y en uso de licencia por 30 días concedida por la propia Corte.

El máximo tribunal en su decisión de tratar el tema de los jueces pidió los argumentos, a favor y en contra, del Consejo de la Magistratura y del Procurador de la Nación. Les dio un plazo de 48 horas y desde ambos organismos contestaron en tiempo y forma.

Primero la Magistratura, que había dado el puntapié inicial a la postura de que Bruglia, Bertuzzi y Castelli vuelvan a sus tribunales de orígenes. Fue en una votación tan dividida que tuvo que definir -contra el planteo de los magistrados- la diputada y consejera Graciela Camaño. En su informe ante la Corte, el Consejo ratificó su decisión y señaló, con la firma del presidente del cuerpo, el juez civil Alberto Lugones, que para los tres magistrados del conflicto “no se ha completado el procedimiento constitucional complejo previsto en el artículo 99 inciso 4, 2° párrafo, de la Constitución Nacional y expresamente consolidado, en cuanto sus etapas indispensables”. Esto es que no pasaron por el acuerdo del Senado.

Por el contrario, el procurador interino, Eduardo Casal -a quien el kirchnerismo busca también desplazar del cargo, en el cual resiste con el firme apoyo de la oposición-, opinó lo contrario: como argumento central, señaló que la revisión llevada adelante por el Consejo de la Magistratura se realizó en base a normas posteriores a los traslados de los tres jueces y, en ese sentido, destacó “el principio de irretroactividad” y cuestionó la “grave afectación a la inamovilidad en los cargos que estaban desempeñando”.

En las últimas horas se sumó un foco de conflicto más: la diputada del kirchnerismo bonaerense Vanesa Siley pidió el juicio político del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Dijo que fue antes de la decisión del máximo tribunal sobre los per saltum pero ayer insistió en vincular al juez con una causa de la última dictadura militar.

Rosenkrantz, en su solitario argumento en el fallo sobre la admisibilidad de los per saltum, advirtió: “Esta intervención (de la Corte) es el único remedio para salvar de daños institucionales a la República”.

Y todavía falta una dura “batalla” en Diputados, que la pandemia posterga, por la reforma judicial impulsada desde el gobierno de Alberto Fernández, que ya tiene media sanción en el Senado con una sorpresa sobre la hora: la creación de más fueros federales, que alcanzará a más de 1.700 nuevos cargos.

El oficialismo buscaría tratarla este mes pero la oposición sólo dará quórum si la sesión es presencial.

Todavía falta una dura “batalla” en Diputados por la reforma judicial del oficialismo

Dentro de la encrucijada, dejan trascender que la Corte busca una salida intermedia