Las medidas enérgicas que está tomando Nicolás Maduro contra los activistas de izquierda, otrora socios estratégicos, es un tema que los analistas políticos están siguiendo muy de cerca, principalmente los medios norteamericanos.

El New York Times, en un artículo publicado días atrás, señaló que el presentador radial, el socialista José Carmelo Bislick, acusó a los jefes de los partidos locales de desviar combustible, dejando a la mayoría de la gente haciendo cola durante días fuera de las gasolineras vacías.

Unas semanas después, hombres armados ingresaron en su domicilio y lo acusaron de haber “cruzado un semáforo en rojo”, antes de golpearlo frente a su familia. Horas apareció muerto con heridas de bala, vestido con su camiseta favorita del Che Guevara.

“Los responsables de su muerte permanecen prófugos y el alcalde -socialista- nunca habló del crimen”, destacó el NyT.

Los críticos de Maduro dicen que entrenó el aparato de seguridad del estado sobre aliados ideológicos desilusionados, repitiendo el camino tomado por los autócratas de izquierda desde la URSS hasta Cuba.

“Quien hace alguna crítica es llamado traidor”, dijo Ares Di Fazio, líder del Partido Tupamaros de extrema izquierda, otro de los grupos desmantelados por el Gobierno.

Los miembros de la alianza electoral gobernante que decidieron postularse como independientes están descalificados. Quienes perseveran son acosados de delitos.

Una de los decisiones que más alejó a la izquierda de Maduro fue su decisión de abandonar las políticas de redistribución de la riqueza. Este cambio, según afirma el artículo, “legalizó efectivamente la economía de mercado negro en expansión de Venezuela y condonó la corrupción generalizada, creando un nuevo orden económico que benefició a las élites militares y empresariales leales a Maduro”.

Entonces se multiplicaron las protestas y críticas. Maduro respondió rápidamente.

En agosto, la policía arrestó al jefe del partido Tupamaros, José Pinto, por cargos de asesinato no demostrados, acosó a los líderes del Partido Comunista y detuvo brevemente a un veterano de izquierda, Rafael Uzcátegui, de 73 años, acusado de haber visitado un burdel. Todos los acusados calificado los casos de persecución política.

Peor le fue a una activista del Partido Comunista, Isabel Granado. Luego de anunciar que se postularía para el Congreso contra el gobierno un escuadrón de la policía de operaciones especiales vestido de negro irrumpió en su casa, arrojó a su hija de 9 años al suelo y amenazó con golpear a la activista frente a la niña si no lo hacía. Ven con ellos. Fue llevada a una estación de policía y acusada de ocupación ilegal de tierras y robo de ganado, un cargo que la Sra. Granado negó. Fue liberada al día siguiente por falta de pruebas, pero resultó detenida nuevamente dos días después, esta vez por comandos militares. “La Sra. Granado dijo que durante el tiempo que estuvo bajo custodia la esposaron, la amenazaron con cargos falsos de drogas y le dijeron que la ejecutarían”, denunció la nota del New York Times.

Después de una tensa calma provocada por la pandemia, el descontento popular con el gobierno de Maduro estalló en más de 1,000 protestas repentinas en septiembre.

El presidente Maduro respondió al descontento en el corazón socialista con la misma represión aplicada a los opositores. Más de 200 manifestantes fueron detenidos en las protestas de septiembre y una persona fue asesinada a tiros por la policía, según el Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales.

La ruptura está tan visible como el descontento de un gran sector del país. ¿Podrá seguir en el poder sin el apoyo de este grupo?