La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y más de 200 imputados -entre exfuncionarios y empresarios- quedaron sobreseídos en un expediente vinculado a la causa de los cuadernos de las coimas, donde se investiga el supuesto pago de sobornos por parte de empresas de transporte beneficiadas con subsidios al gasoil.

La resolución fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, al no poder probar si hubo cohecho o no. Se trata del mismo caso por el que el año pasado el fallecido juez Claudio Bonadio procesó a la expresidenta como jefa de una asociación ilícita dedicada a organizar y cobrar sobornos. Pero esa decisión luego fue revocada por la Cámara Federal porteña que ordenó seguir investigando.

La maniobra sometida a la lupa judicial tenía que ver con el otorgamiento de subsidios al gasoil para empresas de colectivos: lo que se buscó determinar es si el sistema implementado facilitó que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, por ende, se entregaran sumas superiores a los correspondientes.

Para Bonadio, la presunta defraudación se había prolongado desde julio de 2003 hasta marzo de 2014, cuando se instalaron GPS en los colectivos, y por un monto superior a los 609.000 millones de pesos.

Para Martínez de Giorgi, esa supuesta defraudación no pudo ser probada porque, por ejemplo, no fue posible demostrar las supuestas diferencias entre los kilómetros recorridos por los colectivos y los reportados –por declaración jurada- para percibir los subsidios.

En un fallo de más de 200 páginas, el magistrado sostuvo que la investigación se topó con un escollo insalvable que lo llevaba a disponer el sobreseimiento de los imputados: “La imposibilidad de realizar peritaje alguno que permita aclarar los hechos investigados”.

Los sobreseimientos alcanzaron también al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y Alejandro Ramos, además de a más de dos centenares de empresarios del transporte.

El exministro De Vido y el exsecretario Schiavi, sin embargo, continuarán siendo investigados junto al exinterventor de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, Antonio Sícaro, y a los empresarios Oscar Strano y Ricardo Díaz por el caso de la empresa Transporte Interprovincial Rosarina (TIRSA), por recibir cupos de gasoil a precio diferencial sin prestar servicios.

Tras analizar los elementos incorporados al expediente, y avanzar en la dirección encomendada por la Cámara Federal porteña que, con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi había ordenado profundizar la investigación y realizar una nueva pericia, Martínez de Giorgi determinó que correspondía dictar los sobreseimientos.

“Si la AGN (Auditoría General de la Nación) y la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) enfrentaron las dificultades detalladas en sus informes ya reseñados y terminaron aludiendo a las complejidades de los sistemas y los problemas para su control, no parece posible encontrar organismo o especialista alguno que pueda superar sus trabajos”, sostuvo el juez al justificar los sobreseimientos.

Tras esta resolución, Cristina Kirchner mantiene tres procesamientos relacionados con el caso de los cuadernos: el de la causa principal; el que habla de la cartelización de la obra pública y el que refiere a los subsidios ferroviarios.