El dirigente del sindicato de Camioneros y vicepresidente primero del
Club Atlético Independiente, Pablo Moyano, fue sobreseído en la causa en la que estaba acusado de ser el presunto jefe de una asociación ilícita que integraban otros dirigentes y diez barrabravas de la entidad de Avellaneda.
“Disponer el sobreseimiento total de Pablo Hugo Antonio Moyano”, dice la parte resolutiva del fallo, firmado ayer por la jueza de Garantías Brenda Madrid, la misma magistrada que había suspendido en reiteradas oportunidades la indagatoria de Pablo Moyano, a pedido de su defensa.
La causa, que ahora se cerró, estaba muy avanzada contra el hijo de Hugo Moyano. A tal punto que en octubre pasado, el fiscal de Investigaciones Complejas de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, dio por cerrada la investigación y pidió que el vicepresidente de Independiente fuera sometido a juicio oral.
La jueza Madrid sostuvo que, de la prueba recolectada en la pesquisa, “no existen elementos que sindiquen la supuesta autoría o participación del encausado en los hechos imputados”, según la resolución firmada ayer.
Ante esto, Madrid dispuso el “sobreseimiento total” del hijo de Hugo Moyano en la causa en la que había sido indagado, al hacer lugar a un planteo de su defensor Daniel Llermanos.
La investigación gira en torno a supuestas maniobras de la barrabrava del club vinculadas a la reventa de entradas, cobro de cuotas por fuera del club, extorsiones y amenazas.
“He de mencionar que luego de un pormenorizado análisis de las presentes actuaciones y del conjunto de los elementos de juicio ya citados por la Fiscalía de intervención, considero que los mismos no me permiten formar la convicción sincera acerca de la responsabilidad del imputado”, concluyó la magistrada de Avellaneda.
Según el fallo, “de los elementos recolectados en la presente investigación, no se desprende de ninguna de ellas la participación del mismo en los hechos objeto de estudio”, se agregó en alusión a Pablo Moyano.
La titular del juzgado de garantías 1 de Avellaneda-Lanús firmó la resolución en virtud de un pedido de elevación a juicio que había hecho el fiscal del caso, Sebastián Scalera.
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