La Cámpora avanza con una ley para que el Estado solo le compre nafta a YPF

Un proyecto de ley impulsado por el oficialismo para que el Estado bonaerense solo pueda comprarle combustibles a YPF enciende alarmas en más de un millar de estaciones de servicio. Y causa desconcierto, sobre todo después de que el propio gobernador, Axel Kicillof, se comprometiera a no avanzar con la medida que ayer -sin el acompañamiento de Juntos por el Cambio- obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. El debate continuará ahora en el Senado, donde el Frente de Todos no cuenta con mayoría propia y mientras ya se anticipa el rechazo opositor.

El texto en cuestión, promovido por el presidente del bloque oficialista en la Cámara Baja y dirigente de La Cámpora, Facundo Tignanelli, genera controversia al proponer que toda la administración pública provincial, organismos descentralizados y autárquicos y las empresas públicas “deberán” comprarle a la petrolera estatal los combustibles y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales.

El plan afectaría a las 1.230 estaciones de la marca Shell, Axion, Puma Energy, Gulf y las denominadas “blancas” (aquellas que no pertenecen a ninguna petrolera). En tanto que son 517 las estaciones de servicio de la marca YPF en la Provincia.

Ya en octubre pasado, al enterarse de la intención oficial, la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra) le había hecho saber su malestar a Kicillof. Incluso entonces, el mandatario provincial recibió en la Gobernación al titular de la Fecra, Vicente Impieri, junto a quien acordó que “no” prosperaría “la compra en forma exclusiva de combustibles y lubricantes de YPF”.

Tras ese encuentro, desde la cámara empresarial destacaron que el Gobernador “solicitó la ayuda de la Fecra para colaborar en un plan integral para poder reducir el gasto anual en la compra de combustibles por parte de la Provincia” y agradecieron su “comprensión” ante la problemática que el proyecto camporista generaba en el sector.

Pero ayer, junto con el tratamiento del Presupuesto 2021, el oficialismo en Diputados avanzó con el texto que entre sus fundamentos pondera que “la contratación entre entidades que revisten naturaleza pública importan un uso más eficiente de los recursos” y que “canalizar el poder de compra del Estado hacia un ente público implica también economía en los recursos y una apuesta al crecimiento de un sector estratégico para el desarrollo que necesitamos, en un proceso de reconstrucción de la producción, la industria y el consumo, devastados por el neoliberalismo que gobernó con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal”.

Como antecedente, el proyecto firmado por el titular del bloque del Frente de Todos menciona el decreto 1189 de la expresidenta Cristina Kirchner, que en 2012 dispuso que las entidades del sector público debían “contratar con YPF la provisión de combustibles y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves”.