“Nadie invierte en seguridad hasta que no se experimenta con el dolor”

Tras el crimen del cajero Germán Chávez, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que “revisará la normativa para garantizar la seguridad de los usuarios y de los empleados” tanto en sucursales como en corresponsalías bancarias, para lo cual mantendrá reuniones con directivos de las Asociaciones de Bancos y de la Asociación Bancaria a fin de “recibir sus opiniones”.

Consultado por este diario, el abogado y Licenciado en Seguridad Bancaria Héctor Muzzio opinó que en Argentina “nadie invierte en seguridad hasta que no se experimenta con el dolor”, citando como antecedente el caso de Carolina Piparo (baleada en una salidera bancaria que le costó la vida a su bebé Isidro). Luego de eso, recordó, “se invirtió en una batería de medidas”. Este experto que dicta tres materias vinculadas con la seguridad bancaria explicó que a la problemática hay que abordarla desde el contexto jurídico y normativo que la rige, que data de la década del ‘60. No sin aclarar que es ajeno a los vaivenes políticos, reconoció que durante la gestión de Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central, entre 2015 y 2018, “se flexibilizó la seguridad bancaria”, lo que derivó en que algunas entidades “asumieran que podían cumplir con las medidas mínimas”, explicó.

Según Muzzio, cada entidad financiera debe “actualizar anualmente su plan de seguridad, con análisis de riesgo y las medidas físicas, tecnológicas y humanas” con las que disponen. “En muchos bancos las cajas de atención al público tienen vidrios blindados. Claramente, a esos bancos no van a ir robar”, sentenció el especialista.

El texto de la última reglamentación de “medidas mínimas de seguridad en entidades financieras” fue ordenado el 27 de diciembre pasado, en el que consta que son de “carácter obligatorio” para las entidades “comprendidas en el régimen de la Ley 21.526, quedando al exclusivo criterio y responsabilidad de las mismas la adopción de otros recaudos que estimen necesarios, según surjan de los estudios de seguridad que efectúen, con el objeto de proteger las personas y los valores, sin que esto requiera autorización del BCRA”.