Los hermanos Cristian y Martín Lanatta fueron condenados esta mañana por la justicia platense a 13 años de prisión y Víctor Schillaci a 7 por balear a dos policías bonaerenses tras fugar en diciembre de 2015 de la cárcel de la localidad bonaerense de General Alvear, donde cumplían la pena de prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez.

Este lunes, los tres se presentaron ante el juez Hernán Decastelli, del Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata, en el marco de un juicio abreviado en el que la fiscalía y la defensa se pusieron  de acuerdo con la pena.

El 27 de diciembre de 2015, los tres detenidos y condenados a perpetua por la causa del triple crimen de General Rodríguez, protagonizaron una cinematográfica fuga de la cárcel de General Alvear, que tuvo en vilo al país entero, a los pocos días de la asunción de María Eugenia Vidal como gobernadora bonaerense.

Por ese caso ya fueron condenados y la sentencia quedó firme, pero ahora enfrentarán un tercer juicio, en la causa que investigó la fiscal penal platense Virginia Bravo, acusados de graves cargos, que incluyó el intento de asesinato de dos policías en la localidad bonaerense de Ranchos, cuando pasaron por un puesto de control vehicular y se abrieron camino a sangre y fuego. 

Para la fiscal, según determinó en la instrucción, ese día los acusados escaparon del penal a bordo de un Fiat 128, no sin antes reducir, desarmar y herir a cuatro agentes penitenciarios.

En el trayecto, además, habrían recibido la ayuda de la ex suegra de uno de ellos, que les permitió -en la ciudad de Berazategui- hacer un cambio de rodado para despistar a los investigadores.

Por eso, a los tres reclusos les endilgó “robo, privación ilegal de la libertad agravada reiterada; robo agravado por el empleo de arma y evasión, todo en concurso real” y a la mujer “encubrimiento agravado”.

Lo más grave de ese episodio sucedió el 31 de diciembre de aquel año, cuando, a la altura del kilómetro 100 de la ruta 20, balearon a los agentes Fernando Pengsawath y Angelina Lucrecia Yudati, cuya viada corrió serios riesgos.

Bravo les imputó los delitos de “homicidio en grado de tentativa agravado por haberse cometido contra un miembro de las fuerzas de seguridad, dos hechos, en concurso real con portación ilegal de arma de guerra y de uso civil”.