El Poder Ejecutivo estudia descongelar las tarifas para mediados de año

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que en junio próximo el Gobierno dispondría un aumento de tarifas, tanto de luz como de gas, una vez que caiga la suspensión de incrementos dispuesta por la ley de emergencia económica entre diciembre de 2019 y mediados de este año.

Cafiero aclaró, no obstante, que el aumento deberá ser pagado por “los sectores que lo pueden soportar”, con lo cual ratificó la política de segmentación que instrumenta el Gobierno.

En materia tarifaria, también se estudia un aumento del 10 por ciento para el transporte público de pasajeros, en forma escalonada desde mayo, admitió el ministro del área, Mario Meoni.

El descongelamiento de las tarifas –esperado por empresas del sector energético, que dicen tener retrasos de precios de entre el 40 por ciento y el 50 por ciento- podría obedecer a un pedido que la misión del Fondo Monetario Internacional le hizo al Gobierno durante su estadía en Buenos Aires.

De hecho, el Gobierno hizo diversos gestos en los últimos días. Ayer mismo, la declaración de Cafiero fue en el sentido de uno de los pedidos recurrentes del Fondo, de modo tal que el Tesoro argentino no tenga que financiar subsidios que terminan multiplicando el déficit fiscal.

Según pudo saber EL DIA, en el oficialismo existe una disputa interna al respecto. El kirchnerismo, por caso, consideró “desprolijo” que el funcionario de alto nivel como Cafiero haya anunciado el descongelamiento con tres meses de antelación. “No está en nuestra agenda”, reforzó por su parte un vocero gubernamental en la quinta de Olivos.

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La controversia en torno a las tarifas, a las que la vicepresidenta Cristina Kirchner quisiera mantener congeladas todo el año, se sumó a otra polémica sobre la edad jubilatoria. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, admitió y desmintió sus propias palabras –en un mismo día- sobre la conveniencia de subir la edad de la jubilación, otro de los requerimientos del FMI.

La caída de la doble indemnización por despido, también anunciada por el Gobierno mientras la misión del Fondo se encontraba en el país, y la intención de “aggiornar” los convenios colectivos de trabajo –un proyecto que podría enmarcarse dentro del aún no creado Consejo Económico y Social- son otras señales del entendimiento entre el Gobierno y el organismo.

Claro que en el Gobierno desvinculan una cosa de la otra. “El FMI nos dio la razón. Y por primera vez hace semejante reconocimiento”, sostuvo ayer el Presidente en un acto en Escobar, donde estuvo acompañado por el gobernador Axel Kicillof. Ante el bonaerense y otros mandatarios provinciales, Alberto F. hizo luego un repaso de la crisis de la deuda en la quinta de Olivos.

“Hay un apoyo absoluto de los gobernadores a la estrategia para reestructurar la deuda”, aseguró el chaqueño Jorge Capitanich al cabo de una extensa reunión con una decena de mandatarios provinciales, de la que también participó Kicillof. Formalmente, la cita era para darle volumen político al relanzamiento del programa Remediar, de provisión gratuita de medicamentos.

Si bien hay consenso respecto de la necesidad de avanzar en un acuerdo con el Fondo, que le abra al Gobierno las puertas a una reestructuración de la deuda también con los bonistas privados, en el oficialismo no dejan de registrarse algunos cortocircuitos por los “deberes” que la administración de Alberto F. debería realizar en pos de ese “objetivo principal”.

En especial, la posibilidad de que se descongelen las tarifas –luego de que el peronismo hizo campaña electoral contra la política energética del gobierno anterior- no cae para nada bien dentro del Frente de Todos. Por eso, Cafiero y otros ministros, como Matías Kulfas, hablan de “segmentar” los aumentos. Pero eso no alcanzaría para apaciguar las críticas internas.