Cómo es el curso de violencia de género que deben hacer los agentes del Estado

Así como en las películas de antaño se observan situaciones de trato a las mujeres que a luz de las nuevas perspectivas de género hoy resultan difíciles de digerir, también en las oficinas de atención al público, guardias de hospitales y comisarías persisten actitudes de violencia hacia las mujeres que en el marco de la leyes de género que rigen en Argentina el Estado no puede aceptar. Erradicarlas de la administración pública es precisamente el objetivo de la Ley Micaela, una norma nacional que al ser incorporada por la Provincia obliga a que más de medio millón de empleados bonaerenses deban realizar capacitaciones en temas de género a riesgo de ser sancionados si se niegan a asistir.

Sancionada en 2018 por el Congreso de la Nación, la Ley Micaela establece la capacitación obligatoria y permanente en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tras adherir a ella el año pasado, el gobierno bonaerense comenzó a implementarla días atrás con un curso al que asistieron los miembros del gabinete de ministros, y que se replicará durante los próximos meses en los distintos estamentos del Estado provincial.

Como explicaron desde su autoridad de aplicación, el nuevo Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, “más que un curso puntual se trata de una capacitación permanente bajo distintas modalidades que los agentes estatales deberán realizar en tres etapas a lo largo del año y aprobar en forma anual”.

Este proceso de transformación en la administración pública es fruto de una iniciativa de promovida por la familia de Micaela García, una joven integrante del colectivo Ni Una Menos violada y asesinada en abril de 2017 a la salida de una discoteca en la ciudad de Gualeguay. Su asesino, que ya había sido condenado por violación, se encontraba aquel día en libertad por decisión de un juez.

EN TRES MODALIDADES

Sobre la base de que la erradicación de la violencia de género es una responsabilidad colectiva en la que los agentes del Estado cumplen un rol fundamental, la capacitación prevista por la Ley Micaela apunta a que las personas que integran los tres poderes cuenten con las herramientas para desnaturalizar la discriminación y las relaciones desiguales de género en sus propios ámbitos de trabajo.

Si bien en el Ministerio de las Mujeres reconocen que algunos aspectos de las capacitaciones no han sido definidos aún (para lo cual “se han establecido mesas de trabajo con los tres poderes”), la intención es que la formación comience con los funcionarios de mayor responsabilidad. “En las próximas semanas vamos a continuar con cursos presenciales para las máximas autoridades de los distintos ministerios y organismos del Poder Ejecutivo”, adelanta Paula Belloni, directora de la Unidad de Formación.

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Además de “cursos presenciales de sensibilización dictados por referentes en temática de género que contarán con trabajo en talleres”, “las capacitaciones a máximas autoridades incluirán cursos virtuales interactivos”, detalla la funcionaria.

Con el objetivo puesto en capacitar este año a “más de 100 mil de los 520 mil agentes que tienen la Provincia en sus tres poderes”, el gobierno bonaerense ha identificado ya algunos “sectores con prioridad estratégica” por donde comenzar. Entre ellos se encuentran en “el ministerio de Seguridad y todas las reparticiones que tienen oficinas de atención al público”, explica Belloni.

Para alcanzar a dictar la mayor cantidad de capacitaciones y que éstas contemplen contenidos acordes con las situaciones que enfrenta cada repartición en particular, el Ministerio de las Mujeres prevé además una instancia de “formación de formadores” que se realizará en distintos momentos a lo largo del año.

“La intención es que cada ministerio y organismo tenga sus propios referentes en temática de género para asegurarse que las capacitaciones que reciban las y los trabajadoras/es se ajusten a las necesidades y problemáticas de cada sector”, cuenta la directora de Formación.

Con respecto a los tiempos, Belloni explica que “las capacitaciones presenciales se van a estar desarrollando en todos los ministerios y organismos hasta mayo”, mientras que los “talleres y cursos virtuales se realizarán hasta junio”.

OBLIGATORIOS

Aunque la aplicación de la Ley Micaela en la Provincia tienen costados que no han sido definidos aún, lo que es seguro es que las capacitaciones serán obligatorias como establece la norma nacional. Esta señala en su articulo 8 que “las personas que se negaren sin justa causa a realizarlas serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación de conformidad con el organismo de que se trate” y “su incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior”.

Lo cierto es que aunque obligatorias para los agentes de las reparticiones bonaerenses, las capacitaciones de la Ley Micaela no rigen para los empleados municipales de los distritos que no hayan adherido todavía a la norma provincial. Se trataría sin embargo de una cuestión de tiempo ya que la intención del gobierno bonaerense es que eventualmente todas las comunas hagan suya la legislación.

“Estamos recibiendo una fuerte demanda de capacitación en temática de género por parte de Municipios a partir de la difusión que ha tenido la Ley Micaela. Para poder asistirlos desde el Ministerio hace falta que primero adhieran al ley provincial. Una vez cumplido este requisito, estamos trabajando en acompañamientos que incluyen diversas instancias y recursos, y en la certificación de los contenidos y metodologías de las capacitaciones que dicten”, explica Belloni.

DESNATURALIZAR

“La naturalización de la violencia contra mujeres y niñas se refuerza con juicios y actitudes peyorativas en los cuales se mantiene la impunidad. Por eso la Ley Micaela es fundamental”, explica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)

Pese a festejar la iniciativa, Bianco entiende que si la capacitación sobre perspectiva de género a los funcionarios públicos “no se hace desde el planteo de casos que grafiquen las actividades típicas de cada área en que se desempeñan permitiéndoles revisar sus propias conductas, no será efectiva”,

No menos importante es a su entender que las capacitaciones “tengan continuidad para profundizar y afianzar la incorporación de la perspectiva de género”, sostiene la investigadora, para quien “este es el gran desafío que nos plantea la aplicación de la ley”.

“Más que un curso puntual se trata de una capacitación permanente a lo largo del año”

La idea es capacitar este año a al menos 100 mil de los 520 mil agentes que tienen la Provincia

Las capacitaciones no rigen para los municipios que no hayan adherido a la ley provincial