Alberto F. con las encuestas a favor, pero con los obispos y los jueces en contra

Mariano Spezzapria

@mnspezzapria

De los anuncios que hizo el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, los dos más resonantes fueron los proyectos para legalizar el aborto y reformar la Justicia federal. Se trata de iniciativas estratégicas para el Gobierno, que según dicen en la Cqsa Rosada, las encuestas que manejan muestran que cuentan con el apoyo mayoritario de la sociedad, pero que al mismo tiempo le valdrán una ardua oposición de la Iglesia, en un caso y la magistratura, en el otro.

En sectores eclesiásticos y judiciales no entienden por qué el Presidente decidió avanzar con iniciativas que consideran perjudiciales. La Iglesia católica confirmó, en este marco, la misa para “rezar por las mujeres y la vida” que se realizará el domingo en la Basílica de Luján. Y en los tribunales de Comodoro Py el aire se cortaba ayer con navaja, deslizaron fuentes de asistencia periódica al edificio de Retiro.

¿Podría esa resistencia natural de los obispos y los jueces frenar los proyectos que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso? En el caso de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), eso no ocurriría en la Cámara de Diputados. Allí, según las últimas estimaciones, 114 legisladores están a favor del aborto, 101 en contra y 42 se encuentran entre los indefinidos. Con esos números, queda claro que a los “verdes” les alcanzaría con sumar sólo trece votos para sancionar el proyecto.

Distinta es la situación en el Senado, aunque la paridad preanuncia un final abierto: 33 legisladores están a favor, 35 en contra y sólo 4 están indefinidos. Se trata de la peronista cordobesa Alejandra Vigo y de sus compañeros Edgardo Kueider (Entre Ríos), Roberto Mirabella (Santa Fe) y José Neder (Santiago del Estero). El propio jefe del bloque oficialista, el formoseño José Mayans, votó el año pasado en contra de la legalización del aborto. Y ayer ratificó su posición. “El Estado estaría autorizando a matar a una persona”, sentenció.

Si hubiera un desempate, la vicepresidenta Cristina Kirchner votaría a favor de la IVE, mientras que su antecesora en el cargo, Gabriela Michetti, lo hubiera hecho en contra. Para el Gobierno, el impulso a la legalización del aborto responde a la acumulación política que lograron las promotoras de la iniciativa, muchas de ellas militantes del Frente de Todos. La ministra de Diversidad y Género, Elizabeth Gómez Alcorta, interviene en forma directa en el nuevo texto.

En la Rosada tienen claro que este proyecto hace ruido en la relación de Alberto F. con el papa Francisco. Por eso el propio Presidente llevó al Vaticano –en su última visita- el denominado Plan de los 1.000 días, que establece la asistencia del Estado a las mujeres embarazadas, en el período de gestación y luego en los primeros años de vida.

Además de confirmar la misa en Luján, coincidente con el Día de la Mujer, la Iglesia católica tuvo ayer otro pronunciamiento elocuente. El obispo auxiliar de La Plata y presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Salud, monseñor Alberto Bochatey, advirtió en una columna publicara por el diario La Nación que “el poder político no puede ceder ante la presión de legitimar delitos o limitar derechos humanos”, en referencia a las prácticas clandestinas de aborto.

En los tribunales de Comodoro Py, en tanto, el anuncio presidencial de reforma a la Justicia federal cayó mal en la mayoría de los jueces y fiscales dedicados a investigar causas de corrupción. Aunque esperaban que el proyecto se concretara desde hace semanas, el clima se espesó aún más porque los magistrados vienen de perder una batalla en el Congreso con el recorte a las “jubilaciones de privilegio”, ya sancionado en Diputados y a la espera de ser tratado en el Senado.

Aunque los mismos magistrados saben que no cuentan con el apoyo de la sociedad, porque la imagen de la Justicia en general y de la Federal en particular, está en valores de muy baja ponderación. Según una encuesta de Inteligencia Analítica, sólo el 5,7% de los consultados aprueba la tarea de los jueces y fiscales, contra un 36,9% que considera “muy malo” su desempeño y otro 27,9% que lo caracteriza de “malo”. Los sondeos son ilustrativos.

No obstante, por ahora el Poder Ejecutivo no tiene plazos para enviar al Congreso el proyecto de reforma judicial. En cambio, la iniciativa que impulsará la legalización del aborto y el Plan de los 1.000 días llegarán al parlamento la semana próxima. Alberto F. se encuentra en plena etapa de construcción de poder, pero a diferencia de otras etapas históricas del peronismo, el Estado no cuenta con recursos para distribuir. Los debates resonantes pueden hacer de contrapeso.