El plan que estudia el Gobierno para ampliar medidas frente a la parálisis económica

Analiza beneficios para monotributistas de categorías C y D. También evalúa extender el pago de los 10.000 pesos de ANSES a mayo. Y despejar trabas para el programa de asistencia a empresas

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Con la esperanza de que la curva de contagios de coronavirus camine hacia la estabilización, el Gobierno inició una discusión interna sobre la necesidad de apuntalar la economía, que está paralizada por efecto de la cuarentena en combinación con la recesión previa. Ese debate se basa en la necesidad de extender un paquete de medidas que inicialmente estuvo pensado para 45 días, pero que tendría que prolongarse según la visión de los principales integrantes del Gabinete.

El ala económica del Gobierno ya le dio el visto bueno a una propuesta del presidente Alberto Fernández para sumar a los monotributistas de categoría C y D en los beneficios destinados a paliar los efectos negativos de la pandemia. “La intención es diseñar una herramienta específica para brindar una ayuda a los trabajadores independientes en este momento de crisis económica”, anticiparon ayer fuentes oficiales.

En el Gobierno estudian cómo poner en práctica la “cuarentena administrada”

 

Hasta el momento, el Gobierno había incluido a los monotributistas de las categorías A y B entre los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos que pagará la ANSES. Sobre ese subsidio específico, los miembros del Gabinete económico ya evalúan la posibilidad de replicarlo para el mes de mayo. En la Casa Rosada precisaron que un total 7.854.316 personas o familias (lo percibe sólo un integrante) cobrará el IFE en los próximos días.

Desde el 22 de abril, la ANSES comenzará a reevaluar el rechazo inicial a cuatro millones de postulantes a la IFE, se anunció ayer tras una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; junto a los Martín Guzmán (Economía), Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo); la titular de la AFIP, Mercedes Marcó de Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; y la vicejefa del Gabinete, Cecilia Todesca Bocco. En ese marco, los funcionarios evaluaron los pedidos de asistencia y el estado de la colocación de créditos que prevé el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), en el cual se anotaron 325 mil empresas, de las cuales 210 mil ya cuentan con la autorización para prorrogar las contribuciones patronales. “Se decidió ampliar los sectores para su incorporación al programa, para que llegue la asistencia del Estado”, informaron los voceros.

La ampliación del programa ATP se debe a la demanda de las empresas que no están teniendo la facturación necesaria para cubrir los salarios de sus empleados o pagar a sus proveedores, a raíz de la parálisis económica que impone la estricta cuarentena decretada por el presidente Fernández. En sectores del oficialismo madura incluso la idea de que el plan sea empalmado con una nueva moratoria impositiva a la que puedan acceder sobre todo las pymes.

En forma simultánea con las medidas económicas, el Gobierno nacional y las provincias empezaron a diseñar la “cuarentena administrada” que comenzaría a regir desde el lunes 20 de abril. Para ello, Cafiero y De Pedro dialogan con los gobernadores y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, quienes el jueves por la tarde se conectarán en videoconferencia con el Presidente para analizar la flexibilización del aislamiento obligatorio por regiones.

Las fuentes oficiales consultadas por este diario afirmaron que hasta el momento, no se registraron muchos pedidos de los gobernadores para incluir más rubros productivos entre las actividades exceptuadas de la cuarentena. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, empezó a analizarlo ayer con especialistas sanitarios (ver aparte), mientras que otras dos provincias grandes, Córdoba y Santa Fe, anticiparon que no harán pedidos concretos al Presidente.

De hecho, la mayoría de los gobernadores prefiere -en términos políticos- que sea Alberto F. quien cargue la responsabilidad de mantener la cuarentena, porque si tuvieran que beneficiar a algunos sectores sobre otros, serían cuestionados por sus comprovincianos. No obstante, algunos gobernadores de larga data, como Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Gildo Insfrán (Formosa) harán llegar sus pedidos específicos a la Casa Rosada en las próximas horas.

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