En 2015, cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, la deuda pública argentina era de U$S 240.665 millones (52,6 por ciento del PBI). Actualmente es de cerca del 90 por ciento, en un contexto de contracción económica y mayor endeudamiento.
Las inversiones extranjeras no llegaron en los montos ansiados. El endeudamiento comenzó a subir. Y la implementación en abril de 2018 de un impuesto que gravó las ganancias sobre colocaciones en deuda argentina expulsó capitales del país, provocó una corrida hacia el dólar y una disparada de la inflación que empujó a Argentina a pedir un auxilio al Fondo Monetario Internacional, según revela un informe de AFP.
El FMI concedió un préstamo por U$S 57.000 millones, de los cuales el país ha recibido U$S44.000 millones. Tras asumir el 10 de diciembre pasado, Fernández rechazó los tramos pendientes para evitar un mayor endeudamiento.
Ahora trabaja en un nuevo programa con el FMI que implique que el país no tenga que hacer ningún desembolso de pago de capital en los próximos tres años, anunció el ministro de Economía.
Hace diez días, el Gobierno decidió la postergación hasta 2021 del pago de bonos emitidos bajo legislación local, lo que implica liberarse de la cancelación este año de unos U$S9.800 millones.
Hasta la aparición de la pandemia del COVID-19, analistas consideraban manejable el nivel de endeudamiento de Argentina, aunque reconocían que su problema principal era de acceso a los mercados.
Una vez más la amenaza de caer en default sobrevuela muy cerca de la economía argentina.
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