El gobierno español le devolvió una partida de 640.000 test rápidos a China tras advertir que no cumplían los especificaciones requeridas y por no ser confiables, lo que invalida su uso. Este hecho provocó una nueva polémica que se trasladó al Congreso de los Diputados, donde el ministro de Sanidad, Salvador Illa escuchó los reproches de parte de la oposición.
Es la segunda vez en dos semanas que España regresa a su país de origen una importante partida de testeos. Las dos veces por el mismo motivo: fallas en su fabricación. Y las dos veces vendidos por la misma empresa china.
Según publicó el diario El País, el cargamento había sido vendido por la compañía china Shenzhen Bioeasy y reemplazaba el primer lote de 58.000 kits que el gobierno español consideró demasiado inexactos para ser usados.
El Ministerio de Salud de España confirmó que está buscando un reembolso por el segundo pedido.
Para colmo, según denunció el diario El Mundo, el gobierno español firmó un contrato por 17,1 millones de euros con la intermediaria catalana Interpharma a cambio de un lote de 640.000 unidades de la empresa asiática Bioeasy Biotechnology, es decir al doble de su valor normal.
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