En la mesa de diálogo de Devoto se destaca un famoso asesino serial

Una mesa de diálogo integrada por autoridades del Ministerio de Justicia, del Servicio Penitenciario Federal, jueces de la Cámara de Casación y presos del penal de Villa Devoto acordó ayer conformar “un grupo de trabajo interdisciplinario” que analizará y agilizará la aplicación de prisiones domiciliarias para los internos que integran la población de riesgo ante el posible contagio del coronavirus.

Uno de los presos que participan de la mesa de diálogo es Guillermo Antonio Álvarez, más conocido como “El Concheto” y dueño de un prontuario que mete miedo.

Tiene condenas por cuatro homicidios, uno de ellos dentro de la cárcel. Está acusado de ser el jefe de la banda llamada “los chicos bien”. Y en 1996, tras un robo frustrado, asesinó a Bernardo Loitegui, María Andrea Carballido y al subinspector de la Policía Federal, Fernando Aguirre. El cuarto homicidio fue el de Elvio Aranda, un preso con el que compartía pabellón en la vieja cárcel de Caseros.

“Su estilo a lo Clark Kent y su aspecto intelectual fueron utilizados por Álvarez para pasar como un cliente más en los elegantes restaurantes que elegía como blanco”, dijo el exfiscal de Cámara de San Isidro Julio Novo al describir la conducta del acusado, en el alegato del juicio que terminó con la condena del Concheto a 25 años de prisión. Álvarez, de sólo 17 años cuando comenzó a cometer los asesinatos, vivía con su madre y dos hermanos -uno de ellos discapacitado- en un lujoso chalet de Acassuso, en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde guardaba como trofeos los recortes periodísticos de los homicidios que había cometido. El múltiple homicida había sido excarcelado en diciembre de 2015 tras pasar 20 años en prisión y apenas tres meses después fue detenido acusado de robarle a mano armada un morral con dinero a un ciudadano colombiano, en el barrio porteño de Monserrat.

Ahora es uno de los que protagonizó el violento motín en Devoto para pedir domiciliarias y conmutación de penas por el coronavirus.

La mesa de diálogo acordada el viernes tras una jornada de protesta que terminó con presos y agentes penitenciarios heridos, comenzó a las 10.30 de ayer en “la capilla” del penal y concluyó a las 15.40, luego de fijar una nueva reunión para el próximo jueves a la misma hora en la que también estarán presentes jueces de Ejecución. El acuerdo al que llegaron no sólo abarcará el análisis de la situación carcelaria en el penal porteño, sino que también incluirá al resto de los penales federales de todo el país.

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Acordaron analizar la situación de los internos que podrían acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, y en el acta se menciona a la “población de riesgo sanitario”, que son aquellos mayores de 60 años y con “enfermedades determinadas por la autoridad sanitaria”; “personas en término de libertad condicional y asistida” y “aquellos que tenían las salidas transitorias otorgadas”. También se menciona a los presos “con condenas no superiores a tres años y aquellos con prisión preventiva cuyo cumplimiento exceda los dos años”; “mujeres con niños y niñas y embarazadas”; y “extranjeros con trámites de expulsión” y quienes fueron condenados “bajo el régimen penal de menores”.