La oposición le pide al Presidente que no permita una “epidemia de delitos”

La oposición en su conjunto rechazó ayer la liberación de presos en el marco de la emergencia sanitaria. y le pidieron al presidente Alberto Fernández que “no permita una nueva epidemia de delitos”, en el caso de la Unión Cívica Radical (UCR), al tiempo que desde el PRO se argumentó que el Gobierno “nos pone a todos en el riesgo de ser nuevas víctimas”.

El radicalismo argumentó que la liberación de detenidos “vulnera los derechos de las víctimas y constituye un riesgo para la seguridad ciudadana debido a la incapacidad de la Justicia y el Sistema Penitenciario de controlar las prisiones domiciliarias”.

En el mismo sentido se expresó la conducción del PRO que en el documento dado a conocer ayer dijo que “ignorar a las víctimas es ignorar la ley”, al tiempo que recordó que ya hubo casos donde se liberó a delincuentes y cometieron “nuevos y aberrantes delitos”, dicen.

“Esto va a seguir pasando si los siguen liberando, porque el Ejecutivo ya avisó que no tiene como controlarlos. Es decir nos ponen a todos en riesgo de convertirnos en nuevas víctimas”, dice el texto firmado por Patricia Bullrich, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Eduardo Macchiavelli, Omar De Marchi y Jorge Macri.

Los radicales, en comunicado firmado por Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional de la UCR, Mario Negri, presidente del bloque radical en Diputados, y por Luis Naidenoff, titular de la bancada en el Senado, cuestionó al Presidente por utilizar la pandemia como excusa para “avanzar contra la división de poderes” y argumentó que ante el peligro de un brote de contagios en los penales el oficialismo debería concentrarse en “tomar medidas preventivas”, realizar los “testeos correspondiente” y brindar la “atención médica necesaria” en lugar de pensar en liberaciones.

“Se pretende la liberación de delincuentes, vulnerando los derechos de las víctimas de los crímenes que dichos condenados cometieron”, afirmaron los radicales.

Y concluyeron: “Hoy somos víctimas de una terrible pandemia, de un enemigo invisible como dice el Presidente. Esperamos que Alberto Fernández no permita que tengamos una nueva epidemia de delitos, que le impidan a los ciudadanos de bien salir de sus casas por temor a un nuevo peligro suelto en las calles”.

Como es sabido, una importante cantidad de presos presentaron recursos de morigeración de prisión con el argumento de la falta de insumos médicos y de higiene para prevenir los contagios de COVID-19 en los hacinados penales argentinos.

En medio de los reclamos, dos motines -uno en el penal de Villa Devoto y otro en el de Florencio Varela- finalizaron con heridos y un muerto.

Ayer, el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni defendió la liberación de presos en y remarcó que “no se trata de violadores y homicidas” sino de personas que cometieron delitos “sin violencia física”.

“Nadie habla de soltar a violadores y homicidas. El tema es proceder de forma racional para evitar una masacre. La idea racional es ver, primero, quiénes están en situación de riesgo. Y segundo, quiénes están cerca de salir”, dijo el ex ministro de la Corte.

Ayer, con la polémica ya desatada y con el firme y multitudinario reclamo de víctimas de la delincuencia de que no se libere a los presos, el presidente Alberto Fernández se mostró favorable a la liberación de detenidos. “La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgoso, donde el contacto y la contaminación pueden llegar con mucha facilidad”, sostuvo el Presidente, para sostener a renglón seguido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugirió a los países que integran el Pacto de San José de Costa Rica, entre los que está la Argentina, a buscar alternativas para los presos por cuestiones sanitarias. “Recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas, como pueden ser las pulseras para tener un control”, dijo.

El PRO, a su vez, mostró su oposición. “Los presos tiene que cumplir sus condenas y los que tengan preventiva seguir detenidos hasta tanto desaparezcan los peligros procesales que justifican que estén encarcelados”, dijeron.

Agregaron que, “desde el PRO nos oponemos rotundamente a la liberación de presos que generen riesgos a la sociedad y a sus víctimas. Los presos tiene que cumplir sus condenas y los que tengan preventiva seguir detenidos hasta tanto desaparezcan los peligros procesales que justifican que estén encarcelados”.

Recordaron que “gracias a la Ley de Víctimas que sancionamos cuando fuimos gobierno, hoy los jueces están obligados a consultarlas, escucharlas y notificarlas antes de otorgar la libertad o la prisión domiciliaria a un preso. Ignorar a las víctimas es ignorar la ley”.

Precisamente, distintas asociaciones de familiares de víctimas de delitos expresaron su rechazo a la liberación de presos y advirtieron que denunciarán a cada juez responsable de la libertad de un recluso que vuelva a reincidir (ver aparte).

El PRO argumentó que “organizaciones que responden al Ejecutivo, como el CELS, o la Comisión por la Memoria, presionan a los jueces para que liberen detenidos. En la Provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Justicia se propician libertades masivas y conmutaciones de pena. El Ejecutivo se tiene que poner de acuerdo y decidir de qué lado está. No queremos que el Poder Ejecutivo nos convierta a todos en Víctimas. No vamos a permitir que esto pase”, concluyen.