Una joven de 22 años fue asesinada ayer a puñaladas en la puerta de su casa en la ciudad de Tucumán y por el caso fue detenido el padre de sus hijas menores, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de la provincia. La quinta víctima de femicidio en Tucumán en lo que va del año fue identificada como María Alejandra Sarmiento (22).
Según los investigadores judiciales, todo comenzó cuando Edmundo Martínez (55), padre de las hijas menores de la chica, se presentó en la casa de su ex mujer, en el asentamiento Sánchez de Villa Mariano Moreno, en la zona norte del Gran San Miguel de Tucumán.
Según pudieron establecer los pesquisas, sorprendió a la mujer cuando salió de la modesta vivienda para comprar alimentos y comenzó a atacarla con un cuchillo en distintas partes del cuerpo.
La hermana de la víctima pretendió intervenir para evitar que la matara pero fue herida también con algunos cortes en las manos y en los brazos.
Según las fuentes, Sarmiento cayó malherida en la vereda y murió antes de ser asistida por los médicos que llegaron luego.
En tanto, los vecinos y un policía que reside en la zona redujeron al agresor y lo trasladaron hasta la sede policial más cercana, donde quedó detenido y en las próximas horas declarará en la Fiscalía de Homicidios II, a cargo de Adriana Giannoni.
Los investigadores intentan ahora determinar los motivos del femicidio, aunque algunos conocidos de la víctima relataron a los investigadores que eran frecuentes las peleas entre ambos.
Además, los pesquisas determinaron que hubo denuncias previas de la mujer contra su ex pareja por otros episodios de violencia de género y que el hombre debía cumplir medidas de restricción impuestas por la Justicia pero las violó para concretar su ataque.
Con el crimen de Sarmiento, ya suman cinco los femicidios ocurridos este año en Tucumán, casi la mitad del total (11 casos) registrados durante todo el año pasado, lo que refleja un incremento importante. Tucumán es una de las provincias que no adhirió a la Ley Micaela, que prevé la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajen en la función pública en los tres poderes del estado.
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