Carolina Píparo habló en exclusiva con La Redonda esta mañana y se refirió a las amenazas que recibió mediante un teléfono celular por parte de Carlos Moreno, uno de los acusados por la salidera bancaria que sufrió en 2010.

"Quedé impactada, tiene una lógica criminal que le den un celular y automáticamente me escriban justo a mí. Pasaron 10 años y el arrepentimiento no está llegando", dijo Píparo quien denunció en su cuenta de Twitter que Moreno la hostigó vía Facebook y publicó capturas de pantalla de los mensajes que le envió el condenado por balearla en una salidera bancaria cuando estaba embarazada y en la que murió su bebé.

"Si a 10 años de estar preso lo primero que hace es mandarme un mensaje...él piensa que yo le arruiné la vida él, no podemos comprenderlo desde el sentido común", manifestó y agregó que "sí deberían comprenderlo las autoridades judiciales, que firman esta resolución para que haya celulares en las cárceles. Uno no está en contra de la comunicación, pero sí algo mejor pensado, como computadoras como están haciendo Nación que las ponen en las salas para videoconferencias. Los celulares son difíciles de controlar".

Más adelante contó que labró una denuncia formal y que le avisaron que ya habían secuestrado el móvil: "Me avisaron que le incautaron el teléfono el domingo a la mañana, pero parece que alguien después siguió escribiendo desde afuera. No lo había registrado a ese teléfono él. Hay una denuncia que espero que conste el día que se analicen los beneficios. Es peligroso, ninguno está por robar una manzana, son delitos graves"

Por último, confesó que espera que "el celular no quede como un derecho adquirido, no estoy de acuerdo con que los presos tengan acceso a redes sociales".

En 2013, el Tribunal que juzgó el caso impuso prisión perpetua a Moreno (27), a quien Carolina identificó como el tirador; a Luciano López (27), conductor de la moto que la siguió; a Carlos Jordán Juárez (52) y a 'Pimienta' Silva, encargados de 'marcarla' adentro y afuera del banco; y a Juan Manuel Calvimonte (32), por reclutar a todos los integrantes.

Sin embargo, luego el Tribunal de Casación provincial le bajó la pena a Silva a 23 años de prisión, tras lo cual, el condenado solicitó en 2018 que le otorguen el arresto domiciliario por problemas de salud.