Al menos 45 contagios y nueve muertes se registraron desde que comenzó la pandemia de coronavirus en los 1.000 geriátricos que están habilitados en el territorio bonaerense, de acuerdo a un informe del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
La cartera sanitaria que conduce el ministro Daniel Gollan precisó que se trabaja junto a los 135 municipios en diversas medidas para la prevención y ante la posible aparición de casos de COVID-19 en las residencias que funcionan para adultos mayores.
La subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del ministerio de Salud, Leticia Ceriani, explicó ayer ante el incremento de casos de coronavirus, el Gobierno implementará “un cambio de estrategia” para esas instituciones cerradas o semicerradas con una “vigilancia más activa”.
Además, detalló que “resolvimos que, desde ahora, cuando haya un caso positivo, se seleccionará a un grupo de personas de la institución y se les tomarán muestras tengan o no síntomas” y señaló que “en función del resultado, se verá si es necesario seguir hisopando al resto de los adultos mayores y del personal del lugar”.
Ceriani dijo que al asumir la actual gestión, se detectó que existen unos 1.000 establecimientos para adultos mayores habilitados y otros 2.000 clandestinos, y expuso que “nuestra idea no es salir a clausurar masivamente en este contexto porque se genera un problema con las personas que residen allí, entonces lo que hacemos es fiscalizar que las condiciones sean dignas y preventivas para que no haya brote”.
Con el objetivo de regularizar esa situación, el Poder Ejecutivo envió anteayer un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense que busca declarar el estado de emergencia sanitaria de los establecimientos geriátricos de gestión pública y privada mientras persista el estado de emergencia.
En caso de sancionarse, el ministerio de Salud y los municipios deberán empadronar, relevar y fiscalizar los geriátricos, “regularizando de forma progresiva todos aquellos que no cuenten con habilitación vigente” y mientras tanto, la provincia “podrá permitir el funcionamiento excepcional, precario y transitorio”.
Para ello la propuesta parlamentaria determina requisitos mínimos de capacidad ocupacional, higiene, alimentación, personal, normas de seguridad, historias clínicas y cumplimientos de protocolos.
“La idea es otorgar habilitaciones provisorias para que funcionen ahora con las condiciones necesarias de higiene y seguridad, y que luego presenten la documentación para habilitación definitiva”, afirmó la Subsecretaria.
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