Denuncian que la UNLP robó datos del estacionamiento medido en Córdoba

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fue denunciada por la presunta “copia ilegal y sustracción de datos personales de aproximadamente 135.000 usuarios del sistema de estacionamiento medido en Córdoba capital”. La presentación contra la casa de estudios platense fue realizada en la Justicia Federal de Córdoba, por la empresa MoviPay, con la que conformaba una unión transitoria para gestionar el régimen de similares características al que se desarrolla en La Plata desde hace más de una década.

La compañía denunciante también presentó un recurso administrativo ante la UNLP para que las principales autoridades expliquen el “accionar del Centro Superior para el Procesamiento de la Información (Cespi)”, de la casa de estudios platense.

Desde el área legal de la UNLP, indicaron que “todo es falso, no se sustrajeron los datos. Los tenemos por el propio mecanismo de trabajo”. A su vez explicaron que “los datos, propiedad de la empresa, serán devueltos una vez que la compañía pague los 2 millones de pesos que le debe a la universidad” (ver aparte).

El conflicto desatado entre la empresa MovyPay y la UNLP dejó sin servicio de estacionamiento medido a la ciudad capital cordobesa, donde la intendencia resolvió suspender la concesión.

Por distintas fuentes consultadas, este diario pudo reconstruir la secuencia que derivó en este escándalo judicial, administrativo y político. Según la denuncia a la que tuvo acceso a este diario, “el 5 de febrero de 2020, a las 22,12, se realizó una copia ilegal y sustracción de datos personales que afectó a 135.000 usuarios del sistema de estacionamiento medido de la capital cordobesa”. Luego, por distintas fuentes consultadas entre los protagonistas del conflicto, se pudo establecer que el 4 de marzo, la UNLP resolvió terminar con el contrato que la unía a la empresa con la que había conformado la unión transitoria MoviPark, nombre comercial de la empresa que tenía la concesión del servicio. El 6 y 7 de marzo de marzo esa ciudad se quedó sin sistema informático para que opere el estacionamiento. El 8 de marzo la firma MoviPay, con su software (back-office) reactivó el sistema, pero el 10 de marzo el municipio cordobés suspendió el servicio.

Lejos de apaciguarse el panorama, la empresa decide denunciar a la UNLP ante la Justicia Federal por presunta “sustracción de datos”. Paralelamente, pidió la restitución de la concesión del estacionamiento en la zona central de Córdoba capital.

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Según el titular de la compañía denunciante, Carlos Zipilivan, “todas las maniobras conducen a pensar que la Universidad platense se quiere quedar con la exclusividad de la concesión, algo que está prohibido por contrato”. Desde el área legal de la UNLP aseguran que “sólo queremos que nos paguen lo que nos deben por los servicios prestados: 2 millones de pesos”.

Pasó más de un mes de la cadena de episodios que movió la estantería de la UNLP, y la comuna cordobesa. Las autoridades municipales de ese distrito aún no resolvieron la cuestión de fondo: cortar la concesión definitivamente o reponer el sistema. La pandemia del coronavirus bloqueó las decisiones, aseguran en distintos ámbitos. En el medio, decenas de miles de usuarios aún aguardan una respuesta por las cargas que hicieron antes de que se desatara el abrupto final de una etapa.

LA DENUNCIA

En la denuncia realizada por la empresa MovyPay contra la UNLP, en la Fiscalía Federal de Córdoba, se menciona que la presentación se hace por “copia ilegal y sustracción de datos personales de, aproximadamente, 135.000 usuarios de Movypark”, nombre comercial de la empresa concesionaria del sistema de estacionamiento medido en Córdoba.

Carlos Zipilivan, dueño de la empresa denunciante, quien vive en Paris (Francia), habló con este diario sobre el tema. El empresario dijo estar “sorprendido” porque “la relación entre nuestra empresa y la UNLP data de 2009, cuando comenzamos a operar el Sistema de Estacionamiento Medido en La Plata. Luego nos presentamos en distintas licitaciones juntos y desde fines de 2017 trabajábamos en Córdoba. Tras diversas acciones de colaboración mutua, nos encontramos con este panorama”.

En la denuncia de la empresa, del 17 de febrero pasado, ante el Ministerio Público de la Nación, se menciona explícitamente que el “hecho denunciado ocurrió el 5 de febrero a las 22.12, cuando se realizó una copia de los archivos hacia un servidor que posee la UNLP”.

En esa fecha y horario tienen registrado en MovyPay, “la operación ilícita de copia y extracción de la base de datos de la empresa para la Ciudad de Córdoba, la que incluía información personal de aproximadamente 135.000 usuarios”.

Según la presentación judicial, la empresa contrató “a la consultora Securetia, experimentada en investigaciones forenses de delitos o infracciones informáticas, para realizar una auditoría: determinó que la copia de los archivos no era algo que el usuario ‘desarrollo’, nombre que utilizaba la Universidad, hiciera usualmente. De hecho, quedó constatado que lo hizo una única vez”.

Según contó Zipilivan a este diario, “lo que extrae la Universidad son datos personales de los usuarios: patentes, operaciones, números de teléfono. Es una acción que no pueden hacer, porque está prohibida expresamente por contrato. La Universidad es proveedora de software, no tiene la función de procesamiento de datos”. Y agrega: “el Cespi tiene prohibido ceder a otras personas o conservar para si los datos referidos”.

Zipilivan detalla: “Hace un tiempo una auditoría que contratamos para tener un diagnóstico de situación sobre ambos sistemas detectó que el software del Cespi tenía cerca de 20 vulnerabilidades: algunas muy críticas. Le informamos a la Universidad sobre esa situación y se pudieron reparar todas las fallas. En cambio, desde la misma Universidad tuvieron otra conducta: nos extraen los datos, rescinden unilateralmente el contrato, luego dejan sin sistema de estacionamiento a Córdoba, y paralelamente se presentan ante ese municipio con intenciones de gestionar por su cuenta el sistema, conducta que está prohibido por las cláusulas de exclusividad firmadas en su debido momento”.

A su vez, Zipilivan expresó: “admitimos que hubo atrasos en los pagos el año pasado a la Universidad, pero planteamos un plan para cancelar la deuda, hicimos pagos, que están certificados y fueron recibidos oficialmente por la casa de altos estudios”.