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José Maldonado
jmaldonado@eldia.com
La tensión que se instaló entre el gobierno de Axel Kicillof y el Procurador bonaerense Julio Conte Grand a partir de la polémica por las excarcelaciones se desplazará ahora a una pulseada por una designación clave en la estructura del Poder Judicial bonaerense: la vacante en la Cámara de Casación, la máxima instancia penal por debajo de la Suprema Corte.
En medio de las esquirlas por el cruce de los últimos días, que incluyó un cuestionamiento de Kicillof a la actuación del Procurador en el otorgamiento de prisiones domiciliarias, en la Gobernación apuntaron ayer contra la posible designación de un funcionario muy cercano a Conte Grand -su mano derecha en la Procuración- para ocupar el sillón vacío en la Cámara de Casación Penal.
Se trata de Francisco Pont Vergés, actual Secretario de Política Criminal del Ministerio Público, cuya designación fue impulsada por la ex gobernadora María Eugenia Vidal en un paquete de pliegos girados al Senado en medio del proceso electoral del año pasado y que desde entonces quedaron envueltos en una pelea entre el peronismo y la oposición.
Los cuestionamientos salieron desde el ala política de la Gobernación, que considera que la designación de Pont Vergés no debería seguir el trámite en el Senado, donde Juntos por el Cambio tiene hoy los votos suficientes como para aprobarlo en la próxima sesión de la Cámara, que va a retomar su actividad la semana que viene.
Cerca de Kicillof buscan bloquear un movimiento que le permitiría a un hombre muy vinculado a Conte Grand quedarse con el sillón sin ocupar de mayor peso de la Justicia bonaerense por detrás de la vacante en la Suprema Corte.
En el ala política del gobierno bonaerense salieron ayer a dar señales en ese sentido. La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, dijo que considera que el proceso de aprobación de esos 46 pliegos enviados por Vidal a mediados del año pasado no debería avanzar en el Senado y que el Consejo de la Magistratura debería revisarlos.
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“Imagino que se va a revisar su situación en el Consejo de la Magistratura para ver cómo sigue la situación de esos pliegos. Claramente era atribución del gobierno entrante y no saliente la de mandar propuestas de cargos par la Justicia. La mayoría de ellos no tienen cuestionamientos, pero hay casos, como el de Pont Vergés, que sí lo tienen “, dijo la ministra.
García es la portavoz de la postura más abiertamente crítica del gobierno de Kicillof contra Conte Grand. Esta semana, en medio de las repercusiones por la polémica con las excarcelaciones, la ex diputada y senadora kirchnerista volvió a pedir en declaraciones públicas que el Procurador se aleje del cargo. “No es objetivo. Fue secretario de Legal y Técnica de Vidal”, dijo. Fue luego de que el Gobernador convocara a una conferencia tras la polémica abierta por la excarcelación de presos, en la que Kicillof reprochó a Conte Grand haber firmado una resolución para instruir a los defensores, que dependen de él, a pedir la detención domiciliaria sin especificar que ese beneficio no debía ser solicitado para convictos por delitos violentos o abusos.
García hace referencia a una impugnación presentada contra la designación de Pont Vergés por organismos de Derechos Humanos, como el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
Pero la intención de la ministra política de Kicillof amenaza con abrir un foco de tensiones con Juntos por el Cambio en el Senado. La oposición, con mayoría en la Cámara, dejo el año pasado listo el trámite para sancionar los pliegos. Lo hizo con un movimiento cuestionado desde el Frente de Todos, al emitir dictamen en soledad en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
“Los pliegos no pueden salir del Senado. El cuerpo se tiene que expedir aprobándolos o rechazándolos”, dijeron desde Juntos por el Cambio.
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