RÍO DE JANEIRO
Las icónicas playas de Copacabana, en Río de Janeiro, amanecieron ayer con un paisaje inédito: cientos de tumbas, cavadas simbólicamente por una ONG, para rendir homenaje a los miles de brasileños que murieron por el COVID-19 y para denunciar la “incompetencia” de las autoridades públicas ante el avance de la pandemia. En las tumbas, cavadas de manera alineada sobre la arena en diez filas frente al emblemático hotel Copacabana Palace de la “Ciudad Maravillosa” (sureste de Brasil), se clavaron cruces negras decoradas con pequeñas banderas brasileñas.
“El objetivo es protestar contra la sucesión de errores cometidos por el gobierno federal en el manejo de la crisis humanitaria que está sufriendo Brasil”, explicó la ONG Río de Paz en su cuenta de la red Twitter.
El efecto visual recuerda a imágenes de cementerios en muchas ciudades de este país, donde se están cavando tumbas apresuradamente debido a la pandemia, especialmente en la ciudad amazónica de Manaos (norte).
“Hemos reproducido aquí, en el decorado de la postal de Río, lo que vemos en nuestros cementerios”, declaró Antonio Carlos Costa, presidente de la ONG.
“Estamos aquí para exigir un cambio de actitud al Presidente de la República, quien debe comprender que nuestra nación enfrenta el momento más difícil de su historia. Esta pandemia ha exacerbado las injusticias sociales y la incompetencia de los poderes públicas”, acotó.
El presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, ha minimizado repetidamente la escala de la pandemia, calificando al COVID-19 como “una gripecita”.
Bolsonaro sigue abogando por la reanudación de las actividades económicas mientras la curva de contagios continúa en aumento en el país, con más de 41.000 muertos y más de 805.000 personas infectadas en una población de más de 210 millones.
En la playa de Copacabana, un partidario del presidente arrancó algunas de las cruces, mientras que otros insultaron a miembros de la ONG.
Un video publicado por Río de Paz en Twitter muestra que un padre cuyo hijo murió a los 25 años por coronavirus volvió a colocar la cruz en su lugar, gritando “¡respeten nuestro dolor!”.
PIDEN DESTITUIR AL GOBERNADOR
En este marco, la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro abrió ayer un juicio político destituyente contra el gobernador de este estado, Wilson Witzel, por las diferentes irregularidades que se le atribuyen en la gestión de la pandemia, como fraudes en la compra de respiradores.
El órgano legislativo dio así el primer paso en un engorroso y largo juicio político que puede concluir con la destitución de Witzel, líder del minúsculo Partido Social Cristiano (PSC) -que por ahora continúa ejerciendo normalmente su cargo-, en caso de que una amplia mayoría de los diputados regionales lo considere culpable.
La apertura del juicio fue anunciada por el presidente de la Asamblea, André Ceciliano, quien tenía la responsabilidad de decidir individualmente si daba luz verde a alguna de las 14 peticiones de juicio que han sido presentadas en las últimas semanas contra Witzel y prefirió compartir esa decisión con los demás legisladores.
Ceciliano afirmó que, en una votación simbólica en una sesión virtual del pleno de la Asamblea, los 69 legisladores presentes se pronunciaron de forma unánime por el inicio del juicio político.
La apertura del juicio fue aprobada incluso por los correligionarios de Witzel en el PSC y por varios de sus aliados, que podrán votar a favor del gobernador en la decisión final y que, en caso de que constituyan una mayoría, podrán hacer abortar todo el proceso.
ACUSACIÓN DE FRAUDE
De las 14 peticiones de juicio político contra el gobernador que estaban sobre su mesa, Ceciliano puso en votación una presentada por dos diputados del Partido Socialista Democrático Brasileño (PSDB) mientras que optó por archivar las otras 13.
En la denuncia aceptada, los legisladores opositores acusan al gobernador de haber comprado respiradores para atender a pacientes con COVID-19 con sobreprecios, de haber desviado recursos destinados a la construcción de hospitales de campaña y de recibir sobornos de un empresario del área de salud que se adjudicó varios de los contratos de emergencia para hacer frente a la pandemia.
Wilsel ya es investigado por la Policía Federal por supuestas irregularidades en esos contratos y tanto el Palacio de Laranjeiras -residencia oficial del gobernador- como sus oficinas y las de su esposa fueron blanco de registros policiales el mes pasado.
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