El 26 de mayo de 2019, en una edificación de 12 entre 34 y 35 y tras una denuncia anónima, la Policía confirmó la sospecha de que en ese inmueble funcionaba un prostíbulo. Un operativo que se hizo ese día terminó con un hombre de 33 años y una mujer de 50 aprehendidos y cinco mujeres identificadas, quienes retenían entre el 30 y el 50 por ciento del dinero que pagaban los clientes. Los acusados formarían parte de una organización criminal involucrada en situación de trata de personas y comercialización de servicios sexuales. En el allanamiento que se hizo en la madrugada de ese domingo, se secuestraron teléfonos celulares, alrededor de 12 mil pesos en efectivo, 372 preservativos y gran cantidad de paquetes preservativos y gel íntimo.
En la zona, los vecinos consultados en ese momento le afirmaron a este diario que la casa de citas “trabajaba mucho” y desde hacía “bastante tiempo”. El tiempo pasó y contra todo pronóstico nada cambió. Once meses más tarde, en el mismo lugar, todo estaba casi igual: cuando llegaron los policías de la Federal, los funcionarios judiciales y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la oferta sexual en esa vivienda seguía activa, con tres mujeres que “alquilaban” las habitaciones.
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