Encontrar un camino para escapar de la grieta, parece ser el cometido final. Lo cierto es que ayer, un grupo de intelectuales, políticos, religiosos y sindicalistas dieron a conocer ayer un documento en el que le piden al Gobierno que convoque a una mesa de diálogo en el que se puedan alcanzar consensos para la pospandemia.
“Unidos en la diversidad, para afrontar el presente y construir un futuro digno para todos los argentinos”, se titula el documento que habría nacido entre miembros del Club Político Argentino y que, entre otros, lleva las firmas de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el expresidente Eduardo Duhalde. También la apoyan figuras como Graciela Fernández Meijide, el escritor Marcos Aguinis, el filósofo Santiago Kovadloff y el constitucionalista Daniel Sabsay.
En el texto se lamenta la “desconfianza social en las instituciones” y reclama -entre otras cuestiones- la independencia judicial, asegurando que es el Congreso el ámbito en el que se deberán “pactar consensos” en el corto plazo.
Aunque no hubo un pronunciamiento oficial desde el Gobierno sobre el documento, se dejó trascender que, por el momento, no se estaría evaluando la conformación de una mesa de ese tipo.
“Es tiempo de implementar un plan de coincidencias mínimas que integre a los partidos políticos, los sectores de la producción y del trabajo, los representantes de la economía informal, las organizaciones sociales, la comunidad educativa, las entidades profesionales, las congregaciones religiosas y demás entidades representativas de la sociedad civil”, señala el escrito dado a conocer ayer.
Entre las entidades firmantes también se encuentran la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).
De concretarse, el acuerdo para generar consensos reeditaría la Mesa del Diálogo Argentino para generar consensos convocado por la Iglesia antes de la caída de Fernando de la Rúa en 2001 y que el Gobierno abandonó un año después.
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