El gobierno argentino, a través de su embajador ante las Naciones Unidas, Federico Villegas, expresó una “profunda preocupación” por la situación de los derechos humanos en Venezuela y por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece el país caribeño que gobierna el chavista Nicolás Maduro.
Villegas habló en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. “Nos hacemos eco del informe de la Alta Comisionada (Michelle Bachelet) para buscar una negociación política inclusiva basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos”, expresó.
Asimismo, sostuvo que la Argentina coincide “en que solo el orden constitucional, la democracia y el estado de derecho harán posible garantizar el pleno respeto y el ejercicio de los derechos humanos en Venezuela”, y pidió una “salida pacífica, política y negociada, liderada por los propios venezolanos, a través de elecciones inclusivas y transparentes”.
El discurso del Gobierno de Alberto Fernández dos semanas atrás se había abstenido de condenar a Maduro en la Organización de Estados Americanos que precisamente reclamó elecciones “libres y transparentes en Venezuela”.
Destacó Villegas, de todos modos, que “no son el aislamiento, las sanciones, ni la estigmatización el camino para salir de esta crisis, sino el apoyo, la solidaridad y la utilización de los mecanismos de protección de este consejo”.
El funcionario argentino, finalmente, instó al régimen de Maduro a cooperar “plenamente” con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y sus mecanismos, y a implementar las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en su informe, el segundo contra la actual administración venezolana.
La decisión repercutió en la oposición local. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich y Fulvio Pompeo (secretario de Relaciones Exteriores del partido), celebraron pero con reproches esta postura sobre Venezuela del Gobierno en un comunicado: “La decisión refleja el reconocimiento, tardío pero correcto, sobre la gravísima situación venezolana, un país que fue ejemplo de democracia en nuestra región y refugio de muchos latinoamericanos que huyeron de las dictaduras que asolaron a nuestros países”.
El informe de Bachelet
Mintras, el Gobierno de Venezuela salió a rechazar el nuevo informe presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, que alerta sobre la “falta de independencia” judicial en el país y afirma que existen acuerdos entre bandas criminales y funcionarios de seguridad nacionales en emprendimientos mineros.
El embajador bolivariano en la sede de la ONU en Ginebra, Jorge Valero, expresó “el firme rechazo del Gobierno venezolano al contenido, las conclusiones y recomendaciones del informe” presentado horas antes por la oficina que conduce la expresidenta chilena, que señaló que la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco está controlada por grupos delictivos organizados.
El texto de la institución internacional indica que estas organizaciones criminales “imponen sus propias reglas” debido a que “sacan beneficios económicos a todo lo que implica trabajar en estos territorios” y “aplican tratos crueles, asesinan y desaparecen a personas que no cumplan con su normativa”, reseñó el diario venezolano El Nacional.
También aseguró que el Arco Minero “representa un área de alta contaminación y destrucción ambiental” que, además, “ha servido de combustión para la violencia en el sur del estado Bolívar, protagonizada principalmente por grupos armados amparados por las Fuerzas Armadas”.
La postura sobre Venezuela se expuso en la 44° sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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