“Es un agregado casi ocioso, porque tiene un sentido más casuístico”
Edición Impresa | 24 de Agosto de 2020 | 04:21

En la larga entrevista radial de ayer, el presidente Alberto Fernández habló también del proyecto de reforma judicial que el Gobierno envió al Congreso, y planteó: “Hay algunos que no quieren que salga para mantener la corporación judicial que tanto daño nos ha hecho”.
Insistió con que la iniciativa se envió “con el único propósito de que el Congreso la debata”, pero juzgó que a muchos “les cuesta creer que tengan un Presidente que respeta las instituciones”.
Además, sobre la cláusula “Parrilli” que habla de la obligación de los jueces a denunciar presiones, entre ellas las “mediáticas”, dijo que “es un agregado casi ocioso, porque tiene un sentido más casuístico (sic) que otra cosa”.
en el recinto
El Senado de la Nación, mientras, se apresta a debatir esta semana el proyecto de Ley de Reforma Judicial que impulsa el Poder Ejecutivo y que, entre otros aspectos, busca el fortalecimiento del fuero de la justicia federal penal de la Ciudad de Buenos Aires y crea cámaras de apelaciones en las provincias.
Fuentes del oficialista bloque del Frente de Todos aseguraron que la intención es debatir el expediente en el recinto el jueves 27 de agosto, aunque señalaron que la convocatoria formal será hecha a través de la Presidencia de la Cámara mañana 25.
La confirmación de la fecha de debate se produjo luego de varios idas y vueltas que se generaron en los últimos días por la firma del dictamen que, finalmente, ingresó tarde a Mesa de Entradas de la Cámara alta. De acuerdo con el Reglamento de la Cámara, los proyectos necesitan de siete días desde su dictamen para ser debatidos en el recinto. Si el tiempo es menor, su habilitación sólo ocurriría con el voto de los dos tercios de los senadores presentes.
El texto distribuido en la noche del jueves por el bloque del Frente de Todos lleva la firma de 19 senadores de ese espacio y no cuenta con el apoyo del interbloque de Juntos por el Cambio, que adelantó su voto en contra por considerarlo “inoportuno” y “carente de consensos”.
El dictamen de mayoría fue firmado por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales que condujeron el debate, la santafecina María de los Ángeles Sacnun, y el neuquino Oscar Parrili.
También acompañaron la propuesta la mendocina Anabel Fernández Sagasti, el rionegrino Claudio Doñate, los correntinos Carlos Espinola y Ana Almirón; los chubutenses Nancy González y Mario País; el porteño Mariano Recalde; el salteño Sergio Leavy; el jujeño Guillermo Snopek; el pampeano Daniel Lovera; el catamarqueño Dalmacio Mera; la neuquina Silvia Sapag; el chaqueño Antonio Rodas; el entrerriano Edgardo Kueider; y los santiagueños Claudia Ledesma, Gerardo Montenegro y José Neder.
El proyecto del Poder Ejecutivo recibió una serie de modificaciones en el Senado tras cinco audiencias de discusión por las que desfilaron juristas, constitucionalistas, representantes de colegios de magistrados, fiscales y defensores.
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