Por el impuesto a las grandes fortunas a la Provincia llegarían $ 63 mil millones

El proyecto de ley que instaura a nivel nacional el impuesto a las grandes fortunas, tendría un fuerte impacto en la Provincia. Según estimaciones oficiales, por ese mecanismo que grava a aquellas personas que tienen patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, el gobierno nacional prevé hacerse de unos 300 mil millones de pesos. Pero como esos recursos se estima que se distribuirán con el mismo criterio de la coparticipación federal, al Estado bonaerense le deberían tocar unos 63 mil millones de pesos.

¿De dónde surgen los 63 mil millones? De que Buenos Aires recibe cerca del 21 por ciento de los fondos que se coparticipan.

La iniciativa presentada en las últimas horas es motorizada por los diputados nacionales del Frente de Todos Máximo Kirchner y Carlos Heller. Y aparece como una aporte extraordinario “por única vez” como forma de atender la grave crisis económica acentuada por la pandemia.

Los 300 mil millones de pesos es el tope de recaudación que se podría obtener por el nuevo tributo cuya aplicación ya genera una fuerte polémica. Lo que le toque a la Provincia podría ser en rigor menos si esa estimación termina siendo más baja en los hechos. Algunos funcionarios prefieren ajustar los números y creen que el impacto final podría rondar entre los 50 y 55 mil millones de pesos.

Claro que esa masa de recursos no llegará en forma directa sino a través de compra de insumos y equipamiento para hospitales o la urbanización de barrios populares, entre otros destinos que se establecen para lo que se recaude.

Lo que recibirá la Provincia no es una cifra menor. Por caso, se estima que 50 mil millones de pesos es lo que el Estado bonaerense dejó de recaudar por efecto de la pandemia.

Otro ejemplo ilustra el impacto de esa posible llegada indirecta de fondos: un mes de recaudación para la Provincia por ingresos propios representa cerca de 40 mil millones de pesos.

EL PROYECTO

El impuesto está proyectado como un aporte por única vez que va a alcanzar “exclusivamente a las personas humanas de elevado nivel patrimonial”. Están incluidos quienes posean una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos con una alícuota del 2%, que incrementa a medida que el patrimonio es mayor.

Se trata de aproximadamente 12.000 personas, según estiman legisladores del Frente de Todos.

De acuerdo al proyecto oficial, alrededor de la mitad de las personas alcanzadas por este aporte tienen entre 200 a 400 millones de pesos.

Por los bienes que las personas alcanzadas tienen en el exterior, las alícuotas del impuesto son un 50% mayores.

Como se dijo, se estima recaudar aproximadamente $300.000 millones.

Respecto de la recaudado, se establece como destino la compra de equipamiento de salud para atender la pandemia y el apoyo a las PyMEs con subsidios y créditos.

También, la urbanización de barrios populares con obras que empleen a los vecinos del mismo lugar.

Otros de los destinos son los de realizar obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para la inserción de jóvenes en el sistema educativo.

Antecedentes internacionales

En los fundamentos del proyecto de ley se recuerda que en Alemania, España, Reino Unido, Suiza, Italia y Rusia se evalúan iniciativas similares y que las naciones que poseen economías más grandes “están volcando grandes cantidades de recursos en la economía y la salud para enfrentar los efectos de la pandemia”. Y acota que “Estados Unidos implementó un paquete fiscal de unos 3 billones de dólares, lo que representa unos 14% de su PIB”.

También menciona que las economías del Grupo de los Veinte (G-20) implementan medidas presupuestarias “por el 6% del PIB en promedio, en comparación con apenas el 3% del PIB en abril, y se ubican en un nivel mucho más alto que el observado en respuesta a la crisis financiera mundial de 2008-2010”.

Por otra parte se señala que la CEPAL prevé una caída del PIB del 9,1% en 2020, “que llevará a que el nivel del PIB per cápita de América Latina y el Caribe sea parecido al observado una década atrás”, lo que “constituye un inédito retroceso en los niveles de ingreso por habitante”.

También señala que según lo expresado por organismos de Naciones Unidas, como la misma CEPAL y la FAO “la recesión económica mundial aumentará la pobreza y el hambre y otras formas de inseguridad alimentaria, en especial en países con redes de protección social débiles. La población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83,4 millones de personas en 2020. La gran tarea que tenemos por delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria”.