Un exingeniero de Google fue sentenciado a 18 meses de prisión después de declararse culpable de robar secretos comerciales antes de integrarse al proyecto de Uber para construir vehículos autónomos para su servicio de transporte de pasajeros. 

La sentencia, dada a conocer ayer por el juez federal William Alsup, se difundió más de cuatro meses después de que el exingeniero de Google Anthony Levandowski llegó a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, que presentó un caso penal en su contra en agosto del año pasado.

A Levandowski, quien ayudó a impulsar el proyecto de vehículos autónomos de Google antes de aceptar un cargo en Uber, también se le ordenó pagar más de 850.000 dólares. 

Alsup tomó la inusual medida de recomendarle al Departamento de Justicia que iniciara una investigación penal contra Levandowski, mientras presidía un sonado juicio civil entre Uber y Waymo, una subdivisión del proyecto de vehículos autónomos que lanzó Google en 2007 después de contratar a Levandowski para ser parte de su equipo. 

Levandowksi eventualmente se desilusionó con Google y dejó la compañía a principios de 2016 para iniciar su propia empresa de camiones autónomos, de nombre Otto, que Uber eventualmente adquirió por 680 millones de dólares. Sin embargo, antes de dejar Google, Levandowski descargó archivos que contenían la tecnología de vehículos autónomos de Google, lo que resultó en que enfrentara 33 cargos por robo de propiedad intelectual. Terminó por declararse culpable a un cargo, que culminó con la sentencia del martes. 

La acusación convirtió a Levandowski, alguna vez laureado por sus primeros avances en el sector de los vehículos autónomos, en una prominente figura que ``casi se convirtió en sinónimo de la codicia que impera en Silicon Valley'', reconocieron sus propios abogados en documentos presentados ante la corte la semana pasada. 

Los abogados argumentaron que Levandowski merecía cierta indulgencia debido a que nunca hubo evidencia alguna de que utilizara los secretos comerciales de Google mientras supervisaba la división de vehículos autónomos de Uber. Perdió ese empleo en 2017 mientras se apegaba a sus derechos contenidos en la Quinta Enmienda de la Constitución, que lo protegen de autoincriminarse, cuando Uber se defendía de la demanda de Waymo.