Hace varias décadas que desde esta columna se puntualiza lo irracional, injusto y discriminatorio de lo que se adjudica a la Provincia de Buenos Aires en concepto de coparticipación federal. Principalmente por esa circunstancia y en menor otros factores que merecen tratarse por separado los bonaerenses no pueden recibir los servicios de educación, salud y seguridad que les corresponde.

Por la cantidad de habitantes, por lo que produce, por su extensión territorial y por la miseria en la que viven cientos de miles de bonaerenses esa situación es absolutamente insostenible. Del magro 27 por ciento que recibía, durante la gestión del gobernador Armendáriz la Provincia sufrió una reducción que la llevó a recibir el 19,9 por ciento de la coparticipación.

El pretexto fue que esos más de siete puntos estarían destinados a provincias que se las calificó de pobres y que llegan hasta ser financiadas en un 90 por ciento por el Estado Nacional y que por lo tanto reciben por habitante recibir mucho más que los bonaerenses, aunque lo cierto es que en nuestra provincia cientos de miles de personas están bajo la línea de la pobreza. Es decir que hay muchos más pobladores de nuestra provincia con carencias económicas que en cualquier otra.

Debe reconocerse que las jurisdicciones beneficiadas con un aporte nacional desproporcionado recaudan muy poco y muchas veces por ineficacia de sus administraciones, por corruptelas y porque no aprovecharon oportunidades de despegue económico. También se caracterizan generalmente por enormes gastos políticos que se disfrazan de sociales.

El Presidente decretó el aumento de un punto en la coparticipación de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenida sea pero está lejos de ser suficiente porque los bonaerenses necesitamos volver al 27 por ciento que tuvimos durante décadas. Como se sabe, la coparticipación establece en qué proporción el dinero que recauda el fisco nacional a través de impuestos va a ser luego transferido a cada una de las provincias y la Capital Federal. La masa coparticipable bruta se compone del 100 por ciento de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias, el 89 por ciento del IVA y el 100 por ciento de los impuestos internos coparticipables además de otros tributos menores. En esos conceptos la Provincia aporta poco menos que el 40 por ciento y recibirá solamente el 20,9 por ciento.

Es decir que Buenos Aires a pesar de los gravísimos problemas que enfrenta indirectamente aporta dinero a provincias que llegan a recaudar solamente el 10 por ciento de lo que gastan. En algunas de ellas se han llevado a cabo obras faraónicas.

El Estado Nacional no puede seguir ignorando la discriminación que sufren los bonaerenses cuya solución está lejos de lograrse quitándole un punto de coparticipación a la Capital Federal. Se requiere una reforma integral de la ley de coparticipación atendiendo a la situación de cada jurisdicción, cuánto produce cada una, qué porcentaje de sus gastos cubre con recaudación propia, la cantidad de habitantes que tiene y los problemas sociales que las afectan comprometiendo la salud, la seguridad y la educación de sus habitantes.

Teniendo en cuenta cualquiera de estos factores es irrisorio que a la Provincia le corresponda el 20,9 por ciento de los fondos coparticipables.