La mayoría oficialista del Senado rechazó su acuerdo al traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, ordenados por el Gobierno anterior, en una tensa sesión en la que la coalición opositora Juntos por el Cambio se desconectó del recinto virtual y anunció que judicializará la decisión del cuerpo. Los tres magistrados participan en causas en las que está imputada la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Ahora, los jueces Bruglia y Bertuzzi deberán abandonar la sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional federal, si la Corte Suprema de Justicia no decide en el corto plazo sobre la protesta que ambos camaristas presentaron contra la determinación del Poder Ejecutivo, que ayer avaló el Senado. En tanto que Castelli tendrá que dejar el tribunal oral federal en lo criminal número 7 de la ciudad de Buenos Aires, que juzga la causa de los “cuadernos de la corrupción”.
Con Cristina sentada en el sillón de la presidencia del Senado en el inicio de la sesión, la bancada del Frente de Todos justificó el rechazo al traslado de los jueces con el argumento de que pasaron a otra jurisdicción -de la Provincia a CABA en los casos de Bertuzzi y Castelli- y asumieron otras competencias, al subir de un tribunal oral a una cámara de segunda instancia, en referencia a Bruglia y también a Bertuzzi.
En la vereda de enfrente, el porteño Martín Lousteau (JxC) advirtió que “la agenda que se impone no es la de Argentina ni del Gobierno, sino la de Cristina”, ya que el cuerpo decidió avanzar sobre “tres jueces que tienen causas en las que se investiga a la Vicepresidenta”. A su vez, la cordobesa Laura Rodríguez Machado afirmó que “el siguiente paso será declarar nulo todo lo actuado por estos jueces”.
Desde la bancada oficialista, la mendocina Anabel Fernández Sagasti retrucó: “Que nadie se confunda, a nosotros no nos desvelan el sueño las causas que llevan algunos magistrados federales”. La presidenta de la comisión de Acuerdos -donde se analizaron 10 casos y se dictaminó en contra de Bruglia, Bertuzzi y Castelli- dijo que “los tres jueces han incurrido en una conducta contumaz y por eso no puede el Senado darles el acuerdo”.
LAS VOTACIONES
La sesión especial de la Cámara alta había arrancado con una discusión en torno a la prórroga de los encuentros remotos, decretada por Cristina para los próximos 60 días, que fue rechazada por JxC pero recibió el apoyo de 41 senadores, entre oficialistas y aliados, como el rionegrino Alberto Weretilneck.
El principal bloque opositor se desconectó del recinto virtual y también lo abandonaron quienes estaban allí presencialmente, Lousteau y Rodríguez Machado.
Esa primera votación preanunció la suerte que correrían más tarde los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, con idéntico número de senadores que rechazaron el acuerdo y la ausencia de JxC.
Mientras tanto, en las puertas del Senado un grupo de manifestantes rechazó el desplazamiento de los jueces y advirtió que si “la oposición ´zoomizada´ no sabe qué hacer, lo tendremos que hacer los ciudadanos”.
En un clima de enfrentamiento político, que incluyó irónicos cruces entre Cristina y Lousteau, el jefe del bloque del FdT, el formoseño José Mayans, se permitió una reflexión sobre la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. “Creo que el Presidente estuvo flojo. Eran los dos puntos que le tenía que descontar, no uno solo”, advirtió.
Pero el punto central de la sesión fue el de los jueces apuntados por el kirchnerismo. La macrista Rodríguez Machado sostuvo que “después de esto, la estrategia del oficialismo será aumentar la cantidad de miembros de la Corte para que validen esta decisión”. Y anticipó que “el juez Castelli ha dicho que no se va a retirar de su oficina; y lo vamos a defender contra el atropello institucional”.
De hecho, Castelli aseguró que lo van a tener que “sacar a empujones” de su despacho, mientras que Bruglia y Bertuzzi esperan ahora que la Corte -que rechazó el “per saltum”- se pronuncie sobre el fondo del asunto. El máximo tribunal de Justicia del país ya avisó que se trata de una cuestión judiciable, con lo cual podría revisar lo decidido ayer por el Senado.
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