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La policía de la capital española y varias poblaciones de la periferia inició el lunes los controles de entrada y salida en varios barrios de clase obrera, que habían quedado bajo un confinamiento parcial para frenar el brote de coronavirus que más rápido se expandía en Europa.
Los agentes iniciados el lunes se limitarían a informar a los vecinos durante los dos primeros días. El cumplimiento de las medidas sería obligatorio a partir del miércoles, y los que no pudieran justificar sus desplazamientos por motivos de trabajo, estudios o médicos afrontarían multas, según las autoridades regionales.
Las nuevas restricciones afectaban a 860.000 personas. Los parques cerraron, mientras que comercios y restaurantes en las zonas señaladas tuvieron que limitar su aforo al 50%.
Las zonas confinadas habían registrado una tasa de más mil casos del virus por cada 100.000 habitantes durante 14 días, entre las más altas de Europa.
La medida fue recibida con protestas de personas que creían que las autoridades estaban estigmatizando a los pobres.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía previsto reunirse el lunes con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para coordinar una respuesta más firme a los brotes.
España está teniendo problemas para contener una segunda oleada del virus, que según el Ministerio español de Salud ha matado al menos a 30.000 personas.
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