Buscando no dejar abierta la puerta a futuros reclamos judiciales, el oficialismo resolvió modificar el proyecto del impuesto a la riqueza antes que salga el dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Las advertencias de parte de tributaristas sobre una posible lluvia de amparos motivaron que el Frente de Todos decidiera modificar la fecha que se tendrá en cuenta para el cálculo patrimonial, la cual ya no será la del 31 de diciembre de 2019 y podría ser la de cuando la norma sea sancionada.

Si efectivamente este cambio queda plasmado habrá importantes modificaciones en la recaudación respecto de lo que se creía originalmente. Primero porque los posibles contribuyentes contarían con tiempo para eventualmente reducir su exposición patrimonial. Y en segundo término el plazo que se tomaría para calcular el patrimonio.

Lo que sigue haciendo ruido es la posibilidad de que se esté cobrando dos veces el mismo impuesto, que sería Bienes Personales y este nuevo gravamen, lo cual podría hacer que se termine judicializando, aunque ya no habría marcha atrás en su implementación.

Y no menos polémico resulta que la instrumentación de este impuesto único resulte en los casos más extremos en una presión fiscal del orden del 7,5% del patrimonio, lo que podría ser considerada una tasa confiscatoria de un nivel inédito, para algunos sin precedentes incluso en el plano internacional.

La AFIP informó que, tomando como base lo declarado el 31 de diciembre de 2019, el nuevo gravamen alcanzaría a 9.289 personas, las cuales contribuirían por única vez una suma del orden de los 307 mil millones de pesos.