Un informe oficial habla de la falta de inversión de las eléctricas

El Gobierno provincial detectó aumentos injustificados y falta de inversión por parte de las empresas distribuidoras de energía en la última Revisión Tarifaria Integral (RTI), se informó ayer oficialmente. “El informe es concluyente: el modelo de tarifas altas para usuarios no significó una mejora en la calidad de la prestación del servicio”, se agregó.

La Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos precisó que “el resultado de ese informe demostró que en los últimos años se autorizaron aumentos injustificados de las tarifas de energía eléctrica que no fueron acompañados de responsabilidades de inversión por parte de las empresas”.

Durante el período 2016-2019, las empresas distribuidoras “aplicaron ajustes tarifarios que, sumados a la fuerte quita de subsidios a nivel nacional, representaron aumentos en las facturas finales de los usuarios que oscilaron en promedio entre 2.000 por ciento y 3.500 por ciento en apenas tres años”, se comunicó.

En ese contexto, se consideró que ese incremento no significó mayores inversiones en la red de distribución ni ejecución de obras en las instalaciones.

En concreto, a pesar de que el monto reconocido de inversión incluido en las tarifas fue de $12.092 millones, no hubo un cronograma de ejecución de las obras pautadas, ni sanciones por incumplimiento.

“Esa falta de inversión quedó reflejada en la mala calidad y confiabilidad del servicio que presentó durante los últimos cuatro años numerosos eventos de interrupción del servicio eléctrico”, se apuntó.

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Además, se planteó que “el fuerte aumento de las tarifas y el bajo nivel de inversión y mantenimiento de la red, tuvo como resultado un crecimiento sostenido de las ganancias de las distribuidoras eléctricas”.

Se apuntó que las cuatro empresas distribuidoras aumentaron sus ganancias entre 2015 y 2018, entre 498 por ciento y 644 por ciento y solo entre 2016 y 2019 acumularon un monto de 309 millones de dólares.

De acuerdo con Infraestructura, la falta de control fue otro rasgo distintivo que se analizó en el informe. “A partir del abandono durante los últimos cuatro años que sufrió el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), no existió por parte del Estado la implementación de los controles establecidos por la normativa vigente”. Solo se realizaron el 3 por ciento de las auditorías técnicas reglamentarias y el 10 por ciento de las comerciales.

Tampoco se implementó por parte de la autoridad de aplicación la contabilidad regulatoria, herramienta fundamental de control sobre la gestión de las empresas.

“Si a eso se suma un Estado que abandonó su función de control y seguimiento sobre la ejecución y la inversión de obras, el resultado fue una ganancia millonaria para las empresas distribuidoras de energía eléctrica y un claro perjuicio para los habitantes de la Provincia de Buenos Aires”, finaliza el trabajo.

“ATRASO EN LOS AJUSTES”

Por su parte, en un comunicado el grupo DESA, que gestiona las eléctricas EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y EDESA, reconoció ayer que “en promedio todas las empresas estuvieron casi un 40 por ciento por debajo del comprometido”, y afirmaron que ello se debió al “atraso en los ajustes sumado la imposibilidad de financiar las mismas en un mercado que no era el que se pensó al inicio de la RTI”.