Más de cinco mil personas se movilizaron hoy a la Gobernación para exigir "una solución urgente" al conflicto por la toma de tierras en la localidad de Guernica del partido de Presidente Perón.

En el marco de la convocatoria, que tuvo lugar a las 11 en la estación de Trenes de La Plata, la coordinadora de Barrios de Pie, Silvia Saravia, explicó que "ante el inminente desalojo del 1° de octubre, las soluciones no llegan".

"Lejos de garantizar derechos constitucionales, los funcionarios provinciales, con actitud provocadora y prebendaria, vienen intentando romper la mesa de diálogo", afirmó Saravia.

La dirigente manifestó que "la solución depende de voluntad política y está al alcance de la mano, pero no llega", por lo que ratificó "cortes en todo el país" como forma de protesta si las autoridades "intentan desalojar".

En el marco de la marcha, los manifestantes expresaron que "la propuesta que acercamos fue elaborada de conjunto por los y las delegadas de la toma, las organizaciones sociales y la comisión asesora de urbanismo. La misma impulsa que las zonas conocidas como 20 de julio y San Martín sean adquiridas por el Estado, dado que no se pudo comprobar la supuesta titularidad de esos terrenos".

Las organizaciones sociales argumentaron que "esto permitirá la existencia de casi 1.450 lotes".

También exigen que "se ceda el 10% del predio del proyecto como marca la Ley de Acceso Justo a la Tierrra (Ley 14.449),del barrio cerrado que comprende actualmente los barrios La Unión y La Lucha, esto permitiría agregar otra amplia franja de manzanas y lotes, con capacidad para albergar el resto de los lotes necesarios para completar la urbanización.

Desde Barrios de Pie señalaron que "lejos de eso, los funcionarios se dedican a apretar a las familias, ofrecer sobornos y dádivas para quebrar nuestra lucha. No han podido hacerlo, y así lo demostramos los vecinos y vecinas que rechazamos este fin de semana el desembarco al territorio de 40 funcionarios que no trajeron soluciones, sino que vinieron a realizar aprietes. Utilizan los datos de censo para hacer llamados y visitas a nuestros familiares con el objetivo de amedrentarnos. 

"Queremos una solución, no amenazas de desalojo violento y criminalización de nuestro reclamo que es un problema social masivo", manifestaron.