Oscar Jorge García Rúa falleció ayer por la tarde a causa del coronavirus. Días atrás, la Justicia Federal había ordenado al Sanatorio Otamendi suministrarle dióxido de cloro intravenoso, luego de la medida cautelar presentada por la familia. Aún no se sabe si el paciente recibió la sustancia antes de su muerte.
Lo cierto que el decisorio judicial, sin precedentes en el país, provocó un verdadero escándalo, porque el dióxido de cloro no tiene ninguna autorización de uso por parte de la ANMAT.
A todo esto, el presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y asesor del Ministerio de Salud, Ignacio Maglio, calificó de “mala praxis judicial” al fallo que lleva la firma del juez Javier Pico Terrero.
“¡Es una locura lo que se ha hecho!”, expresó Maglio y consideró la resolución como “un caso de desmesura de lo que significa la judicialización de la medicina, que si bien en algunos casos puede ser beneficiosa para dar respuestas justas a pacientes que lo requieran, en este caso fue todo lo contrario”.
El 6 de enero, la mujer de García Rúa había falleció de COVID.
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