Juan Ignacio Buzali, esposo de la diputada Provincial y funcionaria Municipal Carolina Piparo, seguirá detenido como imputado por el delito de tentativa de homicidio de los dos motociclistas a los que atropelló al creer que eran parte del grupo de delincuentes que le habían robado algo más de una hora antes, durante la madrugada de Año Nuevo.

La situación quedó planteada luego de que la jueza de Garantías Marcela Garmendia, rechazara ayer los pedidos de excarcelación ordinaria y extraordinaria presentados por los abogados defensores Fernando Burlando y Fabián Améndola.

Buzali (47) está imputado de doble “homicidio en grado de tentativa”, delito que prevé una pena de entre cuatro y 16 años y ocho meses de prisión. “Así, la pena en expectativa, las especiales circunstancias que rodearon al hecho y la conducta posterior asumida por Buzali, me permiten inferir que no se encuentra garantizada su sujeción al proceso”, señaló la magistrada en uno de sus dos fallos.

En contrapartida, consideró que “se verifica la existencia de peligros procesales que obstan a su procedencia”.

La jueza recordó que los letrados defensores alegaron que “se encuentra en juego la libertad ambulatoria como derecho en relación a la presunción de inocencia”. Les respondió que “como ya lo he consignado en reiteradas oportunidades, entiendo que la excarcelación extraordinaria conforme lo establece el art. 170 del Código Procesal Penal es un beneficio de carácter excepcional, debiendo corresponderse a una situación objetiva y a calidades personales extraordinarias del imputado, que a mi juicio no se encuentran dadas en el caso aquí en tratamiento”. Ahora, a la defensa le queda la apelación ante la Cámara Penal.

Buzali fue detenido el viernes pasado, a instancias de un pedido de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo (UFI Nº 17) que aprobó la jueza Garmendia. El sábado, en la audiencia de declaración indagatoria ante la fiscal, el esposo de la diputada afirmó que “lo que pasó fue un infortunio y un accidente”, que “jamás” quiso “lastimar a nadie”, y que al momento del hecho estaba “nervioso, abrumado y temeroso” pero “no enojado” ni alcoholizado.

Para la fiscal Di Lorenzo, Buzali conducía a “toda velocidad” y embistió “de lleno” a las víctimas. A la vez, la funcionaria señaló que no se advirtió “ninguna maniobra de esquive” ante la inminente colisión.

Todo comenzó alrededor de las 1.40 del 1º de enero, cuando Piparo (44) denunció ante el 911 haber sido asaltada por “motochorros” en 47, entre 15 y 16. En ese momento, explicó, su esposo ayudaba a su suegro a bajar fuentes y otros elementos utilizados en la cena que habían compartido antes en la casa del country Gran Bell, donde el matrimonio se instaló este verano.

Según la legisladora, tras dejar la casa de su suegro, cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia ante la comisaría primera (así se lo habían indicado los policías que acudieron ante la emergencia), se cruzaron con jóvenes en moto y creyeron que eran los mismos “motochorros” que los habían asaltado. Entonces, los siguieron en el Fiat 500L negro con techo blanco. Mientras eso ocurría volvieron a llamar al 911 para reclamar asistencia policial, declaró Buzali ante la fiscal. El periplo tuvo su punto dramático con el embiste de una de las motos en inmediaciones de 21 y 39. Luego, la pareja dijo sentirse en peligro por la reacción de otros motociclistas y escaparon del lugar.

En la zona quedaron heridos los ocupantes de una de las motos, Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años.

La pareja siguió hasta Plaza Moreno, donde se detuvo en un puesto de control policial. Algunos amigos de los heridos los seguían en señal de reproche por el incidente vial.

La secuencia dio lugar a dos investigaciones que quedaron a cargo de la fiscal Di Lorenzo. Además del embiste por el que pidió la detención de Buzali, la fiscal inició actuaciones para aclarar el asalto que sufrió la diputada, junto a su esposo y su suegro. Por ese caso, identificó a seis jóvenes y pidió 7 allanamientos, que condujeron a la detención, el viernes, en El Palihue, de un chico de 15 años. Otro, también de 15, se entregó el sábado. Ambos fueron entregados a los padres en cuestión de horas por su condición de menores inimputables de delitos.

Los pesquisas consideran que forman parte de un grupo con otros dos menores (16 y 15) y dos mayores (18 y 22), a los que se les adjudica una larga lista de robos. En particular, a tres agencias de autos del casco céntrico y un asalto a un jubilado. Todo, entre el 20 de diciembre y el 1º de enero, aproximadamente.