Lo arrestaron por la masacre de los policías y exige una indemnización

Leandro Colucci, el primer detenido como sospechoso por el crimen de los policías que hacían guardia “planta transmisora” de Barrio Aeropuerto, el 19 de octubre de 2007, reclamó en la Justicia una indemnización millonaria como cobertura de los daños que sufrió a raíz de esa medida.

El litigio fue planteado ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 3, a cargo del juez Francisco Terrier, instancia en la que, según consignó una fuente del caso, obtuvo un fallo adverso.

Por su parte, la representación de Colucci informó que la sentencia fue apelada y continúa el trámite en instancia de Cámara.

Los policías Alejandro Vatalaro, Ricardo Torres Barbosa y Pedro Díaz fueron asesinados a balazos y puñaladas, de madrugada, en el predio de la planta de transmisión del Ministerio de Seguridad bonaerense, situado en 630, entre 6 y 7.

En una hipótesis inicial se sospechó que Colucci enfureció al enterarse de que su novia durante siete años, agente policial, lo había abandonado por el oficial Vatalaro.

El entonces sospechoso -liberado en pocos días y luego sobreseído-, señaló irregularidades en su detención.

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La causa derivó en un extenso proceso judicial. En mayo de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Provincia ratificó la pena de prisión perpetua al ex policía Marcos Casetti y a Mariano Ezequiel Filippi Medina.

Colucci se presentó ante la Justicia con un reclamo de una indemnización estimada en 4 millones de pesos por daño moral y daño psíquico.

Se señaló en ese sentido que con motivo del arresto y el trance que le tocó vivir estuvo internado durante seis meses en un clínica psiquiátrica y continuaba, al inicio de la demanda con tratamiento psiquiátrico.

Según indicó una fuente vinculada al caso, Colucci denunció que sufrió maltrato y abuso mientras estuvo detenido en una sede Policial y también en los traslados para declarar. Sobre la causa, se recordó que no se hallaron pruebas en su contra, lo que condujo al sobreseimiento, en septiembre de 2011.

Tras el fallo adverso y la apelación, la causa continúa en trámite en la Cámara, donde la representación de la Fiscalía de Estado, pidió rechazar el planteo nuevamente, por considerar que “no puede generar derecho a resarcimiento a favor del reclamante los perjuicios que dice haber sufrido por el mero hecho de haber tenido que soportar la tramitación de un proceso penal, sin que en él se hubieren verificado actos procesales ilegítimos, nulos o viciados de algún tipo de error que hubieran puesto de manifiesto una prestación irregular en el servicio de justicia”.