Una estafa de 6 millones de dólares en la trama de la pesquisa por “la banda del juez”

“Interferencias indebidas en el trámite de una causa penal por estafa”, indica la hipótesis que se trazó la fiscal penal platense Betina Lacki en la investigación por presunto tráfico de influencias y asociación ilícita que conduce hasta el suspendido juez de Casación Martín Ordoqui.

Las novedades de la última semana en esa investigación le quitaron el polvillo a una causa que se inició en diciembre de 2014, a instancias de la denuncia de una vecina de Chascomús contra quien había sido su contador y tenía como misión la administración de un patrimonio que incluía el 50 por ciento de un campo de 1.286 hectáreas y la sociedad “Haras del Sur S.A”, con otras 170 hectáreas camino a Ranchos y una oficina en el centro de Chascomús.

La relación que los unía tenía una historia, que llegaba hasta los tiempos en que el padre del profesional denunciado se ocupaba de los bienes de la familia de la denunciante.

Todo terminó mal. “Me robó la vida. Hace 5 años que vengo con esto. Estoy con médicos y tratamientos psicológicos. Yo era una mujer hiperactiva, pero estoy sola y no pretendo dinero. Lo que quiero es justicia”, le dijo a este diario María Ester Arrix, en una charla de hace tres años, cuando expuso la acusación por presuntas maniobras orientadas a despojarla de un patrimonio que, según calculó, ronda los seis millones de dólares.

Por esos días, la fiscal Lacki llevaba cerca de dos años en una investigación que cruzó esa causa con el presunto tráfico de influencias en los Tribunales, dedicado a la concesión de beneficios para procesados y condenados.

Esa pesquisa condujo, la semana pasada a la detención (pedida por la fiscal y aprobada por el juez Guillermo Atencio) del abogado Fernando Galimberti y la ampliación de la detención del presunto “operador judicial”, Enrique Petrullo, ligado al juez Ordoqui.

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Petrullo, indicó una fuente de Tribunales, acumula más de media docena de acusaciones.

La investigación busca determinar si los acusados, a través del vínculo con Ordoqui y mediante una “contraprestación ilegítima” ofrecieron una mejora de la situación procesal del acusado en la causa iniciada desde Chascomús.

Mensajes

En los pedidos de detención se adjuntó una serie de intercambios a través de sistemas de mensajería de teléfono que darían cuenta de cruces de información sobre la causa y un particular lenguaje cifrado, con nombres y apodos para diferentes actores de la causa judicial. Entre esos, “mecánico”, “peladito”, “bailarín” y “búnker opositor”.

El abogado Miguel Molina, apoderado -junto a su colega Alfredo Gascón- de María Ester Arrix, sostuvo que “en esta causa hay más que un tráfico de influencias. Existe un evidente cohecho, en el cual se ha pretendido a través de dinero, acceder a niveles judiciales para alterar el rumbo de la investigación y algo evidentemente pasó”.

Accidente

Según relató Arrix, sus problemas comenzaron el 11 de mayo de 2011, día en que sufrió un accidente de tránsito que la dejó un año postrada, con lesiones graves. “Él dio la indicación de que todos mis cheques ingresaran en su estudio”, detalló a este diario.

Sería el punto de inicio de presuntas maniobras que luego incluirían a testaferros y escribanas.

Las actuaciones de estos días tienen como antecedente allanamientos, tres detenciones y notificaciones a otros dos acusados, en septiembre. Además, hay un prófugo. Todos están acusados por maniobras en torno al presunto tráfico de influencias para favorecer a procesados, a cambio de dinero y dádivas.

Algunos sospechosos aparecen conectados con el expediente que investiga la “mega banda” mixta de ladrones y policías, en la que fue también detenido el ex juez de Garantías de La Plata César Melazo como una presunta parte de la pata judicial de ese entramado.

Ordoqui fue suspendido en sus funciones, por la Suprema Corte de la Provincia, a fines de agosto de 2018.