Entidades de combustibles, con críticas a un convenio

La Federación de Entidades de Combustibles le envió una nota al Gobernador Axel Kicillof, cuestionando la “exclusividad” de la petrolera de bandera para el abastecimiento de combustibles y lubricantes en la flota de las fuerzas de seguridad compuesta por casi 12.000 vehículos.

Firmada por los dirigentes Juan Carlos Basílico y Julio Alonso, la misiva advierte al primer mandatario provincial que “no existen razones económicas ni fundamentos jurídicos que justifiquen imponerle al Estado provincial un proveedor único de combustibles y lubricantes”.

Asegura la FEC que en Argentina no existen “entes de naturaleza pública” operando en el sector hidrocarburífero y considera que todas las empresas que operan en el sector de refinación de petróleo y comercialización de sus derivados son personas jurídicas de derecho privado, igualmente sujetas a la Ley de Defensa de la competencia, y que deben someterse a los mismos principios de contratación pública, que se orientan en la defensa del interés Fiscal.

En ese sentido, destacan que el establecimiento de un monopolio legal en beneficio de una compañía petrolera –persona jurídica de derecho privado- no sólo entra en conflicto con leyes vigentes en la República, sino que también daña ostensiblemente el interés fiscal y el interés de centenares de pequeñas empresas radicadas en la Provincia dedicadas al expendio de combustibles de uso automotor, que crean y sostienen empleo formal, tributan, y contribuyen al desarrollo económico provincial.

Vale recordar que este debate comenzó meses atrás cuando en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el bloque oficialista había presentado un proyecto de ley para darle a YPF la exclusividad de abastecimiento a todos los móviles del Estado provincial y los municipales.

Esto llevó a que el Gobernador recibiera en su despacho a los titulares de FEC y FECRA, acompañados por el secretario General del SOESGyPE Carlos Acuña, mediante la cual, la iniciativa quedó sin efecto a nivel parlamentario, pero más tarde, se comenzó a implementar por decisión unilateral del Poder Ejecutivo.

Según Basílico, la decisión “limita al Estado provincial en la adquisición de combustibles y lubricantes, en el solo beneficio de una empresa privada, comprometiendo la responsabilidad de los funcionarios al imponerles compras bajo condición monopólica”.