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El expresidente fue citado por el juez Sebastián Casanello tras el fallo de la Cámara Federal, que exige definir la situación procesal en la investigación por presunta corrupción en contratos, que involucran más de 3.000 millones de pesos
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En el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en contratos de seguros del Estado, el expresidente Alberto Fernández fue citado a ampliar su declaración indagatoria este viernes a las 10 de la mañana en los tribunales federales de Comodoro Py. La convocatoria fue dispuesta por el juez Sebastián Casanello, tras un fallo de la Cámara Federal porteña que instó a definir con premura la situación procesal de todos los imputados en el expediente.
La decisión de Casanello se conoció luego de que la Sala II de la Cámara Federal, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, ordenara anular las inhibiciones generales de bienes que regían sobre Fernández y otros acusados, entre ellos Héctor Martínez Sosa -amigo personal del expresidente- y María Cantero, exsecretaria privada de Fernández.
El caso investiga supuestas irregularidades en contratos celebrados por distintos organismos públicos con Nación Seguros S.A., que habrían implicado el pago de más de 3.000 millones de pesos en comisiones. De acuerdo con la acusación, existió un esquema de direccionamiento de contratos hacia intermediarios cercanos al entorno del exmandatario.
Fernández está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Entre las pruebas figura un decreto firmado durante su mandato, 45 contratos bajo sospecha, 25 intermediarios y la presunta existencia de una cooperativa que habría operado como pantalla financiera para desviar fondos públicos.
Según la investigación, los brokers habrían operado “con la connivencia de Alberto Fernández” en la contratación de seguros de organismos estatales, valiéndose de intermediarios particulares y empresas, y con la inclusión de coaseguradoras ligadas a los mismos actores.
Para la Justicia, existió un direccionamiento de las comisiones hacia empresas y productores vinculados a Martínez Sosa, Castellón y Torres García, quienes habrían concentrado más del 87% de los pagos realizados por Nación Seguros en concepto de comisiones.
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En el caso particular de Martínez Sosa, los investigadores destacan su relación de amistad de larga data con Fernández, además de vínculos con María Cantero. Según el expediente, habrían existido “numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja hacia el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles”.
La causa tuvo su origen en el juzgado de Julián Ercolini, quien tomó las primeras indagatorias a más de 40 personas involucradas en lo que la justicia describe como una “estructura criminal” orientada a desviar fondos públicos. Sin embargo, tras el pase de la causa al juzgado de Casanello, aún no se dictó resolución sobre la situación procesal de los imputados.
La Cámara Federal cuestionó la falta de definición y reclamó al juez que resuelva “con la mayor premura” si los acusados serán procesados o no. En particular, los camaristas señalaron que, a casi un año de revocada la primera inhibición general de bienes, la nueva medida dispuesta debía estar debidamente fundada en “motivos de urgencia”.
En paralelo, la justicia continúa con medidas de prueba, incluyendo el análisis de comunicaciones del teléfono de Alberto Fernández y posibles diálogos con Martínez Sosa y María Cantero. La pesquisa apunta a identificar términos o datos que confirmen el entramado de relaciones y negocios bajo sospecha.
La declaración indagatoria de Fernández este viernes podría resultar clave para definir su futuro procesal y el de los demás imputados en una causa que compromete contratos millonarios y que amenaza con tener derivaciones políticas de alto impacto.
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