La calma entre el flamante ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, y las entidades del campo duró poco. Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) pidieron dejar de lado las “medidas electoralistas de poco vuelo”. También rechazaron que el funcionario haya calificado como “bienes culturales argentinos a la producción de maíz, trigo y carne”, y hablara de “administrar con inteligencia los saldos exportables”, en el marco de la presentación del proyecto de Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial.
“Estas expresiones reflejan su accionar intervencionista al volver a cupificar o cuotificar en no más del 22 por ciento o 24 por ciento la exportación de lo producido de carne para el 2022, algo que claramente desincentiva y desalienta cualquier inversión ganadera con miras a la exportación”, aseguraron los delegados de las asociaciones rurales adheridas a la entidad, que el jueves llevaron a cabo su reunión de Consejo Directivo mensual.
Horas antes, las 4 entidades de la mesa de enlace (CRA, SRA, Federación Agraria y Coninagro) se habían desmarcado del anuncio que el ministro hizo el jueves en la Casa Rosada, al calificarlo como “un aporte menor de ideas” elevadas por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) en la articulación de esta iniciativa junto al oficialismo.
OTRAS VOCES
La presentación del proyecto de desarrollo agroindustrial que realizó el Gobierno durante un acto en el Museo del Bicentenario en Casa Rosada, contó con la presencia de varios integrantes de la cadena agroindustrial, quienes desde el Consejo Agroindustrial Argentino realizaron un gran aporte durante el último año y medio para que esta iniciativa se transforme en realidad y ahora sea enviada al Congreso de la Nación, en la búsqueda de un aumento de las exportaciones y el nivel de empleo. En todo ese tiempo, el oficialismo, gobernadores y sectores de la oposición, brindaron su apoyo, algo que podría facilitar el tratamiento de la propuesta en el ámbito legislativo.
Al ser consultados, cada uno de los asistentes al acto oficial en representación del Consejo comentaron que el proyecto es un primer paso y que no soluciona los problemas que hoy enfrenta el sector, como por ejemplo la elevada presión impositiva a través de los derechos de exportación. Además señalaron que ahora habrá que defender en el congreso la propuesta, para que sea aprobada rápidamente. En la previa de la presentación, surgieron críticas desde la Mesa de Enlace al anuncio del Gobierno, ya que consideraron que el mismo debería contemplar otros aspectos como la baja de los derechos de exportación hasta su eliminación definitiva y la unificación del tipo de cambio, entre otros, según Infobae.
La ley implica un impulso a la industrialización a través de incrementar el valor agregado en origen, incorporando tecnologías de última generación. Pero también realizará un aporte para el fomento de nuevas inversiones en las diferentes cadenas de valor, y la promoción del empleo decente, con el compromiso del sector de generar 700.000 nuevos puestos directo e indirecto de empleo decente para el 2030. Entre los objetivos específicos que plantea el proyecto, según dijo el ministro, se encuentran alcanzar los 100.000 millones de dólares de exportación y la meta de 200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres en el 2030.
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