Procesan a un fiscal como jefe de asociación ilícita

El fiscal de San Isidro Claudio Scapolán fue procesado ayer por la justicia federal como jefe de una asociación ilícita integrada también por policías que entre 2013 y 2015 robaba cargamentos de droga y extorsionaba a narcotraficantes con causas armadas, informaron fuentes judiciales. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, además, trabó sobre los bienes del fiscal -que está suspendido pero preso por sus fueros- un embargo por dos mil millones de pesos.

En la resolución, la jueza procesó a Scapolán por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Asimismo, la jueza mantuvo para Scapolán la prohibición de salida del país.

Dada la imposibilidad de detener por el momento al funcionario judicial, la magistrada dispuso diferir su eventual arresto “hasta tanto se resuelva el desafuero”.

Por ello, le requirió a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense, “la formación del proceso de enjuiciamiento y consecuente remoción” del fiscal. También dispuso que se le confiera “inmediata intervención” al procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, ya que como jefe de todos los fiscales bonaerenses puede disponer “la remoción” contra un integrante del Ministerio Público “que haya incurrido” en un delito.

“Esta pesquisa logró desenmascarar que las herramientas y potestades que muchos de los funcionarios ostentaban, fueron utilizadas ilícitamente para infundir temor en sus víctimas, actuar con aparente impunidad en el marco de los procesos penales y distorsionar la realidad de los hechos”, señala uno de los párrafos de la resolución. Arroyo Salgado sostuvo que la banda actuaba “con el objetivo de sustraer material estupefaciente, coaccionar personas para obtener un provecho económico, permitir la sustracción de pertenencias de personas allanadas, e inventar y/o plantar pruebas de cargo”.

Desde que se hizo el primer allanamiento en la causa, en julio de 2020, Scapolán fue apartado de sus funciones como fiscal de San Isidro y puesto de licencia por la Procuración bonaerense pero hasta que no avance el jury de enjuiciamiento, seguirá siendo fiscal. Scapolán eludió su indagatoria en el expediente en cuatro oportunidades con planteos de nulidad y recusaciones, hasta que finalmente en marzo, presentó ante la jueza un escrito en el que declaró que la causa estaba “montada” y que era víctima de una “cacería”.

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Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos. Los hechos que le imputan al fiscal están vinculados al presunto armado de causas entre 2013 y 2015 cuando estaba al frente de la ex UFI de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial, disuelta en 2016. Se cree que operaba con policías de la Delegación San Isidro de Investigaciones Complejas y Tráfico de Drogas Ilícitas.