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En su plan electoral, el Gobierno enviará al Congreso un polémico proyecto de ley destinados a trabajadores que se mueven en la informalidad, un universo estimado en 4,5 millones de personas.
La propuesta apunta a incentivar el registro de los sectores más vulnerables, mediante la creación de un régimen temporario de ingreso al Monotributo, que tendrá hasta 3 años sin pago del componente impositivo, previsional y de cobertura de salud.
Por el otro lado, incorpora la creación de dos fideicomisos financieros destinados a incentivar la producción en los sectores que se registren y en la llamada economía popular. A la vez, buscará otorgar acceso a préstamos con tasas subsidiadas a personas que por no estar registradas hoy no son sujetos de crédito bancario.
La iniciativa fue tratada en una reunión que encabezó el presidente Alberto Fernández ayer en la Casa Rosada con parte de su gabinete de ministros. Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Economía, Martín Guzmán; la titular del Ministerio de Salud, Carla Vizzotti; el responsable de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el titular del INAES, Alexander Roig.
El trabajo, que llevó más de un año y medio apunta, aseguran, a facilitar el acceso de los trabajadores precarizados al registro laboral, sin los costos que implica por ejemplo anotarse en el Monotributo (Régimen Simplificado para los Pequeños Contribuyentes). Solo en la economía popular hay más de 3 millones de personas registradas.
Para eso, y tras la fallida experiencia del Monotributo promovido y el social, que llegan hoy a 750.000 pequeños contribuyentes y en donde el Estado paga la obra social, se apunta a generar un “puente” hacia el ingreso al Monotributo, que sea universal (es decir que pueda servir para formalizar una actividad no declarada, el inicio de la vida laboral, una persona que se encuentre desocupada de manera prolongada, aquel que inició sus actividades después de marzo de 2020 o quien reciba un plan social) y con beneficios mayores para las categorías más bajas.
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Así, según pudo saber TN, la letra del proyecto crea el régimen transitorio por 4 años, por el cual se exime del pago del componente impositivo a los contribuyentes de las categorías A, B y C, es decir los que tienen ingresos mensuales de hasta $65.000.
Ese segmento -que hoy representa más de la mitad de los monotributistas totales- no pagará por tres años ni el impuesto, ni los aportes jubilatorios y de la salud. Solo desde el tercer año comenzará a tributar el 50 por ciento de la jubilación, pero adherirse a la obra social será optativo. Para las categorías más altas, en tanto, esas exenciones serán más reducidas en el tiempo.
El no pago del componente impositivo y de obra social se extenderá también a los pequeños contribuyentes que estén actualmente en las primeras categorías del Monotributo y que no tengan otros ingresos, como un trabajo en relación de dependencia o una jubilación. Se calcula que las tres categorías engloban hoy a 2 millones de monotributistas “puros”, la mitad del total de los que tiene el régimen.
A la vez, la formalización les permitirá acceso a la cobertura jubilatoria a futuro y a la de salud.
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