La Justicia española suspendió la extradición a Estados Unidos del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, reclamado por el presuntos delitos de narcotráfico, a petición de su defensa para subsanar un defecto de forma, poco después de que se hubiera anunciado que sería mañana cuando se haría efectiva.

La Audiencia Nacional española aceptó la petición de la defensa de Carvajal, conocido con el sobrenombre de “el pollo”, que se encontraba en una prisión madrileña después de ser detenido en la capital española el pasado septiembre con ayuda de la DEA estadounidense dos años después de darse a la fuga.

Carvajal estaba citado a comparecer como testigo el próximo 27 de octubre tras aportar documentación sobre presuntos pagos de Venezuela que implicarían a exdirigentes de la formación de izquierda Podemos, socios del Partido Socialista en el Gobierno, aunque el tribunal español decidió mantener la extradición a pesar de todo.

Trascendió en las últimas horas una presunta confesión de Carvajal sobre el supuesto envío de “maletas” con dólares para financiar al kirchnerismo. En un escrito que en exclusiva publicó este jueves OK DIARIO, un medio digital de Madrid, aparece el testimonio del “Pollo Carvajal”. Allí, siempre según la versión de la prensa extranjera, se asegura que los casi U$S 800.000 dólares que Guido Antonini Wilson intentó entrar a la Argentina en agosto de 2007 fueron sólo una parte de otros envíos al kirchnerismo.

La Justicia estadounidense le reclama a Carvajal por haber querido “inundar” EE UU con toneladas de cocaína.

En la petición de extradición, a la que tuvo acceso la agencia Efe, la corte del distrito sur de Nueva York informaba de que el Gran Jurado imputa a Carvajal haber sido miembro de la organización de narcotraficantes “El Cartel de los Soles”, compuesta por oficiales venezolanos de alto rango.

Cuando compareció por primera vez en España por su extradición afirmó que la reclamación de EE UU se basa en acusaciones falsas y responde a motivos políticos por la información de que dispone de la época del que fuera presidente de Venezuela Hugo Chávez, ya fallecido.

Desde entonces ha aportado ante el tribunal español todo tipo de documentos para acreditar, entre otras cuestiones, un supuesto contrato entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el despacho de abogados Ilocad, que dirige el exjuez español Baltasar Garzón.

Por ese contrato, la petrolera estatal venezolana pagaría 8,8 millones de euros (13,7 millones de dólares) por la defensa de sus intereses en España.