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El presidente de Vélez Sarsfield, Sergio Rapisarda, aseguró que el club "no se pasó del aforo" autorizado en el partido contra Independiente, jugado el último sábado en el estadio José Amalfitani de Liniers, al tiempo que confirmó que el estadio fue allanado hoy por orden judicial.
El estadio de Vélez fue -junto con el de River- uno de los escenarios allanados por orden judicial dispuesta por el Ministerio Público Fiscal de la CABA.
Las autoridades de ambos clubes quedaron imputadas por la violación del artículo 205 del Código Penal, que establece penas por violar las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia; y por excederse en la cantidad de espectadores permitida en el regreso de la vuelta del público a las canchas.
"No nos pasamos del aforo permitido", aseguró Rapisarda en declaraciones a TyC Sports, al tiempo que reveló que durante la reunión mantenida ayer con autoridades del Ministerio de Salud y de Deportes "se hizo foco en ajustar detalles de la capacidad permitida".
"Estamos en pleno allanamiento, nos enteramos por la prensa que nos imputaron en la fiscalía. Estábamos esperando que venga para entregar todo lo que nos pidan y quedarnos tranquilos de que todo está listo. Nunca nos pasamos del aforo, hubo 13 mil personas como máximo", argumentó el directivo en La Red horas más tarde.
Además, el presidente aseguró que "no se llegó al límite" de los 16.000 permitidos, ya que el periodismo e invitados de la delegación visitante "no cuenta".
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Rapisarda es también secretario de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y, al igual que su comisión directiva, quedó imputado en la causa. Lo mismo sucedió con Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, y los dirigentes por el marcado exceso del aforo en el Superclásico.
"Quedó claro que no habrá sanciones y seguiremos trabajando desde los clubes para mejorar las medidas de seguridad, en la idea de que el aforo se irá ampliando paulatinamente en la medida en que se mantenga la actual situación de la baja de contagios", señaló Rapisarda.
Vélez utilizó un código QR para que ingresen "únicamente" los socios en las secciones de plateas, de palcos y salieron a la venta algunas para las generales, de las que solamente se vendieron mil entradas.
"El tema del control de las vacunas y los 14 días de intervalo se controló en un principio con un anillo nuestro, luego la policía de la Ciudad y la gente mostraba hasta el color de las medias con tal de entrar a la cancha. Y en el tercer paso debían apoyar su abono o carnet de popular", detalló.
"Trabajamos todo de manera muy prolija, nos da bronca pero al mismo tiempo estamos ansiosos por mostrarle cada información que tenemos", concluyó el dirigente.
Intiman a River
River tendrá que presentar en las próximas 48 horas la documentación solicitada por la fiscal Celsa Ramírez tras el supuesto exceso en el 50 por ciento de aforo durante el Superclásico del domingo y además evalúan una posible clausura del estadio Monumental, dijeron a Télam desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
"Se está analizando", respondieron desde la fiscalía sobre una potencial clausura del estadio, que afectaría, en el caso de darse en los próximos días, al seleccionado argentino, que será local el domingo 10 contra Uruguay y el jueves 14 frente a Perú.
"River tendrá 48 horas para dar la información que no se pudo juntar en el allanamiento del lunes. Si no lo hace, se evaluarán los pasos a seguir", agregaron desde el ámbito judicial.
En la fiscalía, según pudo averiguar Télam, se estima que hubo un exceso del 15 por ciento por encima de los 36 mil espectadores habilitados y por eso se retiraron algunos documentos y datos de los molinetes durante el allanamiento de ayer en el estadio y la sede de River.
Sin embargo, faltaron las imágenes de las cámaras de seguridad y la justicia solicitará la palabra de la empresa encargada del software en el sistema de ingreso para saber si se liberaron molinetes o si hubo una organización para que los empleados apoyen sus carnets para que ingresaran los hinchas.
El operativo de seguridad dispuso 1.200 policías, lo que elevó el número a 1.500 efectivos considerando los 300 de seguridad privada.
La acusación a River, que generó la imputación de oficio de Rodolfo D'Onofrio -presidente del club- y su comisión directiva, tiene que ver con la violación del artículo 205 del Código Penal, que indica que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
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