A fines de octubre, la comisaría Séptima de Abasto, bajo la dirección del fiscal Juan Menucci, inició una investigación motivada por la denuncia de tres hombres que presuntamente estaban encerrados y eran obligados a trabajar en forma infrahumana, en un predio situado en ruta 36 entre 206 y 448. Habían logrado escapar del lugar y, en la seccional, refirieron, entre otras cosas, la aparente situación de insalubridad en la que descansaban, iban al daño o desempeñaban su jornada laboral.

Poco después, la justicia intervino y llevó a cabo un procedimiento allanamiento en “Expo Víctor” del que participó personal de los ministerios de Salud y de Trabajo, con el apoyo del grupo especial Halcón, del titular de la comisaría 7ma, del jefe de la Departamental La Plata y de la División de Crimen Organizado.

Liberaron a varias personas e identificaron a dos sujetos, un paraguayo de 39 años y un salteño de 63. Entre quienes estaban supuestamente reducidos a la servidumbre había menores de edad y extranjeros, todos ellos abocados a realizar trabajos forzados -según constaba en la denuncia- en la chacra y residiendo hacinados.

En ese relato, manifestaron que al ser recibidos en la terminal de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, fueron trasladados en camionetas directamente a la zona de quinta donde se los despojó de sus documentos y teléfonos celulares, y se los hacía trabajar en jornadas de más de 10 horas en una plantación hortícola, en un predio de 46 hectáreas.

Sin embargo, menos de un día pasó para que otro grupo de personas que residían y trabajaban en esa quinta de El Peligro, realizara una movilización para reclamar que “todo” era “falso”.

“Es todo falso, acá nunca trabajó más de 100 personas y la mayoría estamos en blanco. No hay capataz, no hay nada. Se han llevado gente detenida y nosotros necesitamos trabajar”, le dijo a EL DIA en aquella ocasión Mariela.

Adrián, otro de los manifestantes, indicó que “vinieron seis tipos de Corrientes, dijeron, para trabajar y el sábado trabajaron medio día. El domingo dijeron que acá había 200 personas privadas de su libertad domingo y acá no hay 200 personas. Nosotros estamos conformes, todos somos gente laburadora, no estamos de acuerdo con esta denuncia”.

El viernes último, una decena de manifestantes se concentró en las fiscalías de avenida 7 para pedir la liberación de los detenidos que tiene la causa por presunta “explotación laboral” y “trata”. Arguyeron que “somos libres de hacer lo que queremos”, y aseguraron que “nadie está obligado, nadie está por la fuerza”.

Por último, durante el fin de semana pasado, el juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó que se libere a los siete implicados tras el pedido de la defensa, que argumentó los denunciantes andaban por el terreno “sin impedimentos ni amenazas” y que el lugar “funciona normalmente, no se encontraron armas y eso que por televisión pareció una cuestión habitacional era un depósito en donde se almacenaban cosas”.